El Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que acuda a las 12.30 horas del próximo 12 de febrero a un acto de conciliación con Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como paso previo a la interposición de una querella por llamarle «delincuente confeso».
Cabe recordar que el jefe del Ejecutivo no tiene obligación de comparecer personalmente, sino que podrá hacerlo a través de su representación legal, en este caso la Abogacía del Estado.
En el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, se especifica que se trata de un acto de conciliación «previo a una querella por presuntas injurias y calumnias», por lo que, si no hay acuerdo, González Amador podrá acudir a la vida penal.
Además, el juzgado ha advertido de que, «si no comparece la parte solicitante se le tendrá por desistido y se archivará el expediente», mientras que «si no comparece la parte requerida de conciliación se tendrá por intentada a todos los efectos legales».
Según fuentes jurídicas, González Amador considera que dichas declaraciones suponen una «infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español». Por ello, pide a Pedro Sánchez que le indemnice con 100.000 euros.
Las declaraciones en cuestión se produjeron el pasado 17 de octubre después de que se hiciera pública la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de delito de revelación de secretos.
«Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo», manifestó entonces el presidente del Gobierno.
Cabe recordar que González Amador también emplazó a una conciliación al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acto para el que aún no se ha fijado fecha; y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no acudió, por lo que presentó una demanda por vulneración del derecho al honor que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite.
