La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha advertido al Gobierno de que subir el impuesto al diésel supondrá un aumento de los precios de los productos y servicios que dependen del sector, así como un «grave perjuicio» para la competitividad de los productos españoles.
La patronal ya ha remitido al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un análisis sobre la propuesta de equiparar el Impuesto sobre los Hidrocarburos (IIEE) del gasoil al de la gasolina y su repercusión en el sector del transporte de mercancías por carretera y el conjunto de la economía.
En primer lugar, la CETM destaca que España ya cumple con la directiva 2003/6/CE, en la que se marca el mínimo impositivo que deben aplicar los países que forman parte de la Unión Europea, situándose 49 euros a los 1.000 litros por encima del mismo.
Por lo tanto, si se equipara el tipo impositivo del gasoil al de la gasolina, supondría una subida del 24,7%, excediéndose «más de lo necesario para cumplir con esa obligatoriedad», según los transportistas.
«Una medida de este tipo ocasionaría un incremento en los costes operativos de las empresas y autónomos del transporte y, por ende, en el precio de los productos y servicios que dependen del sector. Teniendo en cuenta que España es un país periférico, este cambio fiscal supondría un grave perjuicio para la competitividad de los productos españoles», añaden.
El análisis realizado por la CETM refleja que en 26 países europeos el impuesto sobre el gasoil está por debajo de la gasolina súper y en 12 de ellos en mayor cuantía de lo que ocurre en España. Además, España ocupa el octavo puesto en el ranking del precio más alto del gasoil antes de impuestos.
Otro de los efectos negativos que se prevén son las fugas de consumo de combustible que se podrían producir a Portugal y Francia, lo que generaría menos ingresos para la Hacienda española.
El transporte por carretera ingresa anualmente por impuestos relacionados directamente con el uso de la carretera más de 21.500 millones de euros, por lo que espera que este análisis sirva para que el Ejecutivo «reconsidere la medida propuesta y, finalmente, desista de su implementación».
