El Ministerio de Transportes ha descartado irregularidades en adjudicaciones y contratos de carreteras señalados por el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, el empresario Víctor de Aldama, quien aseguró que se habían logrado como parte de las supuestas corruptelas de la trama en un reciente escrito enviado al Tribunal Supremo (TS), al que adjuntaba diversa documentación.
Así lo ha concluido el segundo informe de 42 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, encargado por el ministro Óscar Puente a raíz de la documentación facilitada por De Aldama sobre irregularidades en los procesos de licitación y adjudicación proyectos referentes a la Dirección General de Carreteras.
El empresario aportó hasta 75 páginas con anexos de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y la Dirección General de Carreteras en las que aparecen subrayados proyectos menores, como la construcción de variantes en carreteras nacionales, la construcción de nuevos tramos o la remodelación y acondicionamiento de algunos de ellos. Entre los mismos, se contemplan actuaciones en medio urbano y accesos a puertos y aeropuertos o distintas obras en, por ejemplo, la A-21, la A-66 o la A-7.
En algunas de esas páginas aparecen anotaciones manuscritas y que, según De Aldama, «pueden corresponder con la letra de Ábalos, quizás de (su exasesor) Koldo García, sin poderlo afirmar con seguridad».
El presunto conseguidor de la trama señaló que en color rosa aparecen los contratos públicos ya preadjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados. Sin embargo, desde Transportes apuntan que los epígrafes subrayados en rosa «no son obras a licitar sino un instrumento de ordenación del anexo para mayor claridad».
El departamento de Puente explica que el análisis preliminar «aporta la información disponible en los expedientes de contratación de cada una de las obras e identifica a los responsables ministeriales bajo los que se tramitaron con el objeto de detectar posibles irregularidades en el procedimiento, así como reflejar el estado actual de cada uno de los contratos en materia de modificaciones».
Así, expone que de los 39 actuaciones señaladas por el empresario, 21 se han licitado con contrato de obras en varias etapas del Ministerio, de las cuales solo seis se firmaron con José Luis Ábalos como ministro; once bajo el mandato de la exministra Raquel Sánchez; tres contratos con Iñigo de la Serna y uno con Ana Pastor, ambos durante el gobierno del PP.
La auditoria también subraya que de las actuaciones mencionadas, en 17 todavía no se ha licitado ningún contrato de obras y una de ellas «es una concesión de autovía de primera generación adjudicados en 2005».
Por tanto, Transportes concluye que tras el análisis de los 21 expedientes de contratación señalados, «ninguna tramitación o gestión de dichos expedientes ha devenido en la constatación de actuación irregular». De igual forma, de la tramitación de las modificaciones de los contratos, «por el esquema de garantías y controles establecido por el ministerio, no se aprecia actuación irregular alguna».
ADIF
ADIF también elaboró un informe donde descartaba irregularidades en la adjudicación de los contratos señalados por De Aldama, tras analizar 373 contratos a petición del Ministerio de Transportes en base a la información publicada en la prensa.
Fue el pasado 4 de diciembre cuando De Aldama aporto un escrito de 39 folios y sus respectivos anexos al TS. El empresario aludió al «reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios». Según dijo, «la mayoría de estos contratos fueron adjudicados a tres empresas relacionadas con Koldo García»: Obras Públicas y Regadíos (OPR), Áfridos Anfersa y Levantina, Ingeniería y Construcción.
