La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, y el director general de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real, presidieron la firma del convenio de la EDAR Málaga Norte con los representantes de cinco ayuntamientos de la provincia, entre ellos Torremolinos, que podrán depurar sus aguas en la futura instalación supramunicipal.
El convenio de colaboración entre los consistorios (Málaga, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Cártama, además de Torremolinos) y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, se refiere a la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de la citada estación depuradora de aguas residuales, que se ubicará en el distrito de Campanillas de la capital, tal y como se ha ido recogiendo en distintos planeamientos urbanísticos desde 2009 hasta su aprobación definitiva por todas las partes en 2017.
El acuerdo firmado ahora recoge la ejecución de las obras necesarias para agrupar los vertidos de las aguas residuales de diversos núcleos urbanos del bajo Guadalhorce y del norte de Málaga capital, que serán conducidos hasta la nueva depuradora.
Este convenio fue ya aprobado en juntas de gobierno o plenos municipales de los ayuntamientos implicados, con el fin de posibilitar su firma con la Consejería, que impulsa la construcción de la infraestructura.
La EDAR Málaga Norte ya ha sido adjudicada por 106,55 millones de euros y tratará unos 75.000 metros cúbicos diarios de agua residual procedente de los cinco municipios mencionados, que suman una población superior a los 250.000 habitantes.
En los últimos meses el proyecto ha sido revisado para reducir su impacto y mejorar la eficiencia de la planta, que ocupará 12 hectáreas en lugar de las 19 inicialmente previstas. Asimismo, en el futuro, cuando sea necesaria la ampliación de la planta a 125.000 m3 diarios, se podrá hacer gracias a una nueva tecnología incorporada en el proyecto que no necesitará más superficie.
Entre las mejoras incluidas en el proyecto se encuentran medidas de recuperación ambiental, revegetación e integración paisajística, incluyendo cubiertas con plantaciones de aromáticas, olivos, algarrobos o adelfas, entre otros. Además, para la integración del edificio de control se presupuestan medidas como jardines verticales y sistema modular para fachadas vegetales.
La no depuración de aguas vertidas al Guadalhorce en esta zona por algunos municipios le está costando a las arcas andaluzas 630.000 euros al semestre, debido a la sanción impuesta por la Unión Europea, cuya Directiva 91/271/CEE establece las medidas para que los Estados miembros garanticen que las aguas residuales sean tratadas antes de su vertido, y establece los plazos para la ejecución y puesta en marcha de dichos tratamientos.
En 2010, la Junta acordó auxiliar, técnica y económicamente a las entidades locales, declarando estas obras de interés general de la comunidad andaluza.
Desde el año 2001 se incumple la mencionada Directiva 271/91 y también la 2000/60, que establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, frente al hecho de que no se están depurando las aguas residuales generadas en esta aglomeración urbana (Málaga, Torremolinos, Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande y Cártama) sin haberse alcanzado el buen estado ecológico de las masas de agua.
Tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2018, la Junta de Andalucía está pagando una multa de 630.000 euros al semestre por no cumplir la depuración de las aguas residuales generadas en Alhaurín el Grande, y existe un expediente sancionador abierto igualmente por las aguas de Cártama.
Desde que se produjo el cambio de Gobierno en la Junta en 2019, las políticas hídricas son prioritarias en Andalucía, y uno de los principales objetivos, considerado en el Pacto Andaluz por el Agua firmado en 2020, ha sido la agilización de la ejecución de las actuaciones de saneamiento y depuración que estaban pendientes desde 2010, a pesar de estar cobrando la Junta a los usuarios el canon de mejora de infraestructuras.
