El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la movilización de 6.000 millones de euros en forma de préstamos y avales, destinados a promotores públicos y privados, para impulsar la construcción de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social o asequible, por un período mínimo de 50 años.
Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo durante el acto de suscripción de los convenios entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para la construcción de estas viviendas destinadas al alquiler asequible.
«Tenemos que evitar que la vivienda se convierta en una suerte de cuello de botella y una restricción a la continuidad del crecimiento económico y la creación de empleo», ha subrayado el presidente del Gobierno. Para ello, Sánchez ha insistido en hacer efectivo ese derecho constitucional, lo que «evidentemente interpela a todas las administraciones».
«NADIE» PUEDE NEGAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL
«Hay quien se escuda en las competencias, que efectivamente en un Estado compuesto están compartidas, para ignorar lo que creo que debería ser de absoluta incumbencia para todas y cada una de ellas», ha lamentado.
El presidente ha recalcado que «nadie» puede negar ese derecho fundamental recogido en la Constitución y ha asegurado que el Gobierno de España va a empeñar todos los recursos, las capacidades y las palancas para hacer efectivo ese derecho constitucional.
«Hacerlo efectivo evidentemente interpela a todas las administraciones competentes en este ámbito y el Gobierno de España, pues evidentemente si quiere que cunda el ejemplo, lo que hace es asumir sus responsabilidades», ha enfatizado.
RETO INTERGENERACIONAL
En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha citado parte del discurso de reelección de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien le dio especial protagonismo al asunto de la vivienda, para luego añadir que «suscribe cada una de sus palabras».
«Es una crisis de la vivienda que afecta a personas de todas las edades, por tanto, este es un reto intergeneracional, así como a las familias de todos los tamaños», ha mencionado Sánchez en relación al discurso de la presidenta de la Comisión Europea.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que este tema se reviste de «un sentido de urgencia», lo que ha llevado al Gobierno a «multiplicar por ocho los recursos presupuestarios destinados a política de vivienda, o impulsar el plan de vivienda para el alquiler asequible».
UNO DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE LOS PRÓXIMOS AÑOS
Por otra parte, Sánchez ha llamado la atención sobre que el problema de la vivienda también supone «un reto demográfico», del que el Gobierno de España «no se abstrae», ya que esta «crisis de la vivienda es uno de los principales desafíos de los próximos años».
«Esta legislatura es la legislatura de la vivienda y por tanto el Gobierno está trabajando en la construcción de ese quinto pilar del Estado del Bienestar que es el acceso a la vivienda», ha incidido el presidente, aunque ha reconocido que «aun queda mucho por hacer». En este contexto, Sánchez ha recordado que la media de vivienda pública en España «es infinitamente inferior a la media europea».
«Estamos hablando de que la media europea está en el nueve o el diez por ciento, y en España estamos muy por debajo de esas cifras, entre un 2 y un 3%», ha detallado el jefe del Ejecutivo, para luego añadir que, con esta realidad, la vivienda se ha «convertido por desgracia en un privilegio inalcanzable para tanta gente en España».
Así lo demuestran, según ha informado el presidente, las cifras del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúan la vivienda como la segunda mayor preocupación para los españoles. «Este es el mayor problema al que se enfrenta la ciudadanía española, un drama que impide a nuestros jóvenes tomar las riendas de su propia vida y de emanciparse», ha concluido Pedro Sánchez.
VIVIENDA, ECONOMÍA Y EL ICO FIRMAN CONVENIO PARA CONSTRUIR VIVIENDAS
Los ministerios de Vivienda y Economía han firmado con el ICO un convenio que movilizará 6.000 millones de euros en forma de préstamos y avales, destinados a promotores públicos y privados, con lo que se crea un nueva línea de préstamos a largo plazo de 4.000 millones, vinculados a la Adenda del Plan de Recuperación, que financiará viviendas en alquiler social o asequible, energéticamente eficientes.
Por otra parte, otros 2.000 millones de euros proceden de los Presupuestos Generales del Estado y se integran en una línea para avalar y dar cobertura parcial a las operaciones incluidas en el Plan.
Así, la promoción de estas 43.000 viviendas se enmarca en la apuesta del Gobierno por incrementar el parque público de vivienda asequible, con la construcción o la puesta a disposición de más de 180.000 viviendas, lo que a día de hoy ya se traduce en más de 80.000 viviendas en diferentes fases de desarrollo.
PLAZOS Y CONDICIONES
En concreto, el acuerdo firmado contempla la financiación de operaciones desde el 1 de enero de 2022 que cumplan con las condiciones establecidas en el acceso al préstamo, el cual se tendrá que solicitar antes del 1 de junio de 2026 y formalizar antes del 31 de agosto de 2026. El receptor final ha de solicitar este préstamo de «vivienda social» a través de su entidad financiera, o directamente con el ICO.
De esta manera, dicha financiación se destinará a proyectos dirigidos a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o rehabilitación del ya existente, y que incluye a actuaciones provenientes del Programa para la construcción de vivienda en alquiler asequible en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, viviendas de nueva construcción en suelos públicos y privados, la rehabilitación de edificios que vayan a destinarse al alquiler asequible o social, la compra de suelo para la posterior construcción o activos que sean titularidad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
Así, aquellas viviendas construidas a través de estos préstamos deberán ser destinadas al alquiler social o asequible, o cedidas para dicho uso, durante período mínimo de 50 años. Asimismo, los proyectos tendrán que finalizarse en diferentes fechas, en función del tipo de proyecto financiado, aunque la financiación del Programa para la construcción del Plan de Recuperación deberá estar terminada antes del 30 de junio de 2026.
En concreto, la construcción de edificios en suelo urbanizado debe concluirse antes de que transcurran cuatro años desde la formalización del préstamo, con posibilidad de prorrogarlo dos años más, mientras que en el caso de suelos no urbanizados el plazo es de ocho años, con posibilidad de solicitar una prórroga que alargue cuatro años más dicho plazo.
Por último, en el caso de la rehabilitación, se contará con un plazo de cuatro años, con posibilidad de solicitar una prórroga de dos años más.
Desde la cartera de Vivienda se ha indicado que los proyectos financiados han de cumplir con unos requisitos climáticos en los cuales los edificios construidos deben alcanzar un consumo de menos del 20% de energía primaria que el establecido para edificios de consumo de energía casi nulo, según las directrices nacionales; al tiempo que los rehabilitados deben reducir, al menos, un 30% de la energía primaria no renovable.
