l PSOE y Sumar han cerrado un acuerdo sobre la ley del impuesto a las multinacionales, que se iba a votar este lunes en el Congreso, y se han comprometido a introducir enmiendas para gravar los beneficios de la banca, subir el IVA a los apartamentos turísticos y aplicar el impuesto de lujo a yates, jets privados y coches de lujo, entre otras medidas.
Un acuerdo que se ha alcanzando ‘sobre la bocina’ y no ha dado tiempo, de momento, a plasmar las medidas en enmiendas ni a recabar los apoyos necesarios para aprobar la ley que regula un nuevo impuesto a las multinacionales procedente de una directiva europea. Así las cosas, los dos partidos han forzado la desconvocatoria de la comisión que iba a votar la norma este lunes y han decidido aplazarla al jueves.
En el acuerdo, recogido por Europa Press, PSOE y Sumar apuestan por establecer un nivel de tributación mínimo del 15% sobre beneficios para multinacionales y grandes empresas, aprovechando la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva comunitaria con origen en los acuerdos del Pilar dos de la OCDE.
A lo que no se hace referencia en el documento es a la continuidad del gravamen que se ha venido aplicando a las energéticas, que Sumar quería mantener pero el PSOE había pactado con Junts su desaparición cuando caduque a final de año.
Impuesto a la banca
Pero sí se ha alcanzado un consenso para «mantener el impuesto a la banca para que estas entidades, que solo pagan menos del 3% de sus beneficios en impuestos y que están obteniendo beneficios récord, contribuyan de manera justa al sostenimiento de la sociedad de la que tantos beneficios obtienen al igual que el resto de empresas y ciudadanos».
Pero queda por ver en cómo quedará en la ley este gravamen, puesto que la idea de Sumar es convertirlo en permanente tal como está y el PSOE, tras un acuerdo con el PNV, apostó por transformarlo en un impuesto con carácter progresivo sobre el margen de intereses y las comisiones y que permitirá la deducción del 25% de la cuota de Sociedades.
Asimismo, pretenden «elevar en dos puntos la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de los 300.000 euros para seguir avanzando en la equidad horizontal con las rentas del trabajo».
Sanidad privada
Del mismo modo, los partidos del Gobierno abogan por «eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios que tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta».
Igualmente, y a instancias de Sumar, van a «establecer un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios (jets y yates privados, coches de lujo, etc.) para mejorar la equidad en el reparto de renta y la riqueza».
Además, introducirán un IVA del 21% para los apartamentos turísticos con el fin de recortar su rentabilidad y transformarlos en viviendas para el alquiler permanente, «aliviando la falta de vivienda habitual en las zonas tensionadas».
Socimis
Los socios de Gobierno también han llegado a un pacto para suprimir el régimen fiscal especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi). Según consta en el acuerdo, esta decisión se debe a que estas sociedades «sólo tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades» y, a pesar del beneficio fiscal, no ha servido para mejorar la oferta de viviendas.
Otro punto del acuerdo hace mención al despliegue del Estatuto del Artista para dar cumplimiento «de una vez» a la fiscalidad especial que requiere el mundo de la cultura.
También se ha alcanzado un consenso para mejorar la fiscalidad de las cooperativas para facilitar el crecimiento y ampliación de esta «piedra angular de la economía social» y del acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
Subida de impuestos al tabaco
Por otro lado, PSOE y Sumar han acordado desincentivar el consumo del tabaco y vapeadores mediante un aumento de su fiscalidad, algo que los socialistas ya habían planteado en solitario.
Por último, se incluye un apartado para «resolver los problemas generados» por la reforma fiscal del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que fue tumbada parcialmente por el Tribunal Constitucional. En concreto, se ha acordado adelantar la recaudación de grandes empresas y grupos de empresas limitando sus posibilidades de deducción de pérdidas y dividendos repatriados, o las posibilidades de consolidación de los grupos de empresa en el Impuesto de Sociedades.
