El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer el preacuerdo “magnífico” entre PSC y ERC para establecer un concierto económico solidario en Cataluña y considera que se trata de un paso “incuestionable” en la “federalización del estado autonómico”. Además, minimizó la reacción contraria del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, al señalar que, en su caso sería noticia que compareciera para apoyar al Gobierno.
El jefe del Ejecutivo hizo estas declaraciones en la rueda de prensa de balance del curso político en La Moncloa al ser interrogado sobre si va a ofrecer las mismas condiciones que a Cataluña a otras comunidades autónomas. “He dicho que es una negociación bilateral la que se abriría en este caso con la Generalitat de Cataluña y también lógicamente corresponde a un espacio multilateral la negociación y el acuerdo del nuevo sistema de financiación autonómica, pero que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro estado autonómico”, indicó.
Sánchez defendió el preacuerdo con ERC –que sus bases deben validar este viernes en una consulta– al señalar que ha obtenido el aval unánime de la Ejecutiva Federal del PSOE y que “todos los socialistas, o al menos una amplia mayoría”, quiere que el líder del PSOE, Salvador Illa, sea presidente de la Generalitat.
En su comparecencia se refirió solo a las críticas de Page, a pesar de que otras federaciones socialistas como Aragón, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Madrid han expresado reticencias al acuerdo por una posible quiebra de la igualdad.
Querella
Por otra parte, el presidente del Gobierno señaló que la querella que ha presentado contra el juez Juan Carlos Peinado que investiga a su esposa, Begoña Gómez, busca defender la “dignidad” de la “institución de la Presidencia” y los “derechos” que, según denunció, se han “atropellado” a la misma. Según recalcó, lo que ha hecho la Abogacía del Estado con la interposición de esa querella ha sido “defender la institución de la Presidencia del Gobierno de España, porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la Presidencia del Gobierno nada más y nada menos que desde 1886”.