La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, acompañada por la concejala de Bienestar Social, Gloria Manoja, ha anunciado las principales modificaciones que, en materia de Ayudas de Emergencia Social, planteará el equipo de gobierno llevará al próximo Pleno con la finalidad principal de evitar situaciones de desahucio.
“La realidad social es cambiante y compleja y por eso requiere de la Administración la máxima atención a la hora de adaptar los recursos destinados a resolver las situaciones por las que, desafortunadamente, pasan algunos de nuestros vecinos. Las Ayudas de Emergencia son prestaciones económicas que se otorgan para afrontar gastos relativos a necesidades básicas provocadas por situaciones excepcionales, de forma que aquellas personas o familias que se encuentren pasando por un mal momento puedan seguir manteniendo unas condiciones de vida dignas y adecuadas. Así, la modificación de la Ordenanza que regula este tipo de ayudas que vamos a llevar a Pleno consiste en un aumento considerable del umbral económico otorgable en el caso de las ayudas que ya están establecidas, además de la introducción de un nuevo punto muy relevante”, explicó la primera edil en rueda de prensa.
“Esta novedad –detalló a continuación Margarita del Cid– se basa en la creación de una ayuda específica puntual destinada a evitar situaciones de desahucio, si bien hasta el momento la única ayuda en ese sentido se daba una vez ejecutado el desahucio, en forma de sufragio temporal de un alojamiento. Pues bien, ahora lo que pretendemos es evitar que muchas familias pasen por ese trance, para lo cual, en aquellos casos en los que existan dificultades para pagar el alquiler y esto pueda derivar en una situación de desahucio, se sufragarán estos gastos de alquiler de la vivienda habitual en unidades familiares de cinco o más miembros, concediendo una ayuda cuya cuantía máxima será de 3.500 euros”.
“Se trata –abundó la alcaldesa– de una forma de prevenir esa posible situación y el riesgo de exclusión social que puede suponer. No obstante, las ayudas al alojamiento , en caso de haberse producido ya el lanzamiento del desahucio, o ante alguna otra causa de fuerza mayor, no sólo se mantienen también, sino que aumentan. En concreto, de uno a tres meses, así como la posibilidad de ampliación de esta situación, que pasa de dos a tres meses”.
En este contexto, Del Cid detalló que “hemos complementado el apartado de ayudas de carácter extraordinario para facilitar la formalización de un nuevo contrato de alquiler”, no limitando la cuantía y adecuándose a la necesidad planteada. “Lo que pretendemos –dijo Del Cid– es que estas ayudas no sean solo un desembolso económico sin más, sino que sirvan como herramienta para que estas familias puedan reconducir su situación a la mayor brevedad posible”.
En cuanto al resto de ayudas recogidas en la Ordenanza, aumentan considerablemente los umbrales económicos máximos otorgables, incrementándose las ayudas para la alimentación básica, infantil, higiene personal e infantil, que pasan de un máximo de 600 a 1.250 euros, mientras que el importe máximo para adquisición de equipamiento y enseres básicos de la vivienda habitual también crecen, pasando de 1.000 a 1.500 euros.
Además, para las reparaciones menores de urgente necesidad en el ámbito doméstico, se decreta un aumento de 1.000 euros en el importe máximo, pasando de 2.000 a 3.000 euros.
Del Cid explicó también que se mejoran las ayudas a quienes necesitan un tratamiento de salud especializado, ampliándose las cuantías máximas en odontología, de 500 a 1.200 euros; prótesis auditivas, de 600 a 1.500 euros, y en ortopedia, subiendo de 200 a 300 euros, y concluyó: “Queremos crear una red sólida y suficiente de ayudas y garantías dentro de nuestras competencias, capaz de sostener a cualquier familia que pueda necesitar del apoyo de la administración pública más cercana, su Ayuntamiento”.
«Nos preocupa -dijo-la reincorporación al mercado laboral de aquellos usuarios que se encuentren en situación de paro, por lo que consideramos importante apoyar el incremento de la empleabilidad de estas personas a través del impulso a la obtención o mejora de la capacitación laboral, y por eso el importe máximo de las ayudas destinadas a esta finalidad pasará de 300 a 600 euros”, explicando finalmente que «con todo esto, queremos crear una red sólida y suficiente de ayudas y garantías dentro de nuestras competencias, capaz de sostener a cualquier familia que pueda necesitar del apoyo de la administración pública más cercana, como es su Ayuntamiento, y por supuesto, de la solidaridad de los demás ciudadanos”.
