La Diputación de Málaga ha aprobado la concesión de ayudas por un importe total de 760.125 euros a más de 450 familias vulnerables de municipios menores de 20.000 habitantes. Se trata de ayudas para «el apoyo a la convivencia y la inclusión social destinadas a personas que carezcan de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas».
Como ha informado la Diputación en una nota de prensa, la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, ha explicado que del montante global, 700.224 euros se conceden para «gastos médicos, ayuda escolar y pago del alquiler y de suministros, como luz, agua y gas»; y otros 59.901 euros se destinan a «financiar pequeñas obras de rehabilitación y reparación de la vivienda así como para la adquisición de enseres y electrodomésticos».
Así, ha añadido que la cuantía media ha sido de 1.593 euros por familia, «lo que pone de manifiesto el constante compromiso de la Diputación con las familias más desfavorecidas de la provincia, fomentando su inserción social y la reducción de la desigualdad en un marco más amplio de intervención por parte de los Servicios Sociales Comunitarios».
De este modo, Ledesma ha recordado que la institución provincial «aumenta cada año las cuantías destinadas a gasto social», y ha puesto como ejemplo que «la atención a familias y colectivos vulnerables supone uno de cada cuatro euros de sus presupuestos para el año próximo».
Además, ha recordado que, durante este año, se han concedido un total de dos millones de euros a las familias, entre los que se incluyen «las ayudas para convivencia e inclusión social; para adaptar viviendas de personas con discapacidad o mayores de 65 años; para fomentar la natalidad en los municipios más pequeños; y para diversos gastos familiares».
A su vez, ha incidido en que a esa cantidad «hay que sumar el millón de euros como ayudas de emergencia para familias afectadas por los efectos de las dos danas que ha sufrido la provincia en noviembre».
Igualmente, la vicepresidenta ha apuntado que «siendo consciente la institución de las necesidades y características de los colectivos beneficiarios», para «facilitar los trámites administrativos de justificación de las ayudas a las personas destinatarias se ha incluido como novedad la posibilidad de presentar justificantes de pago desde el 1 de enero del año de la convocatoria».
Estas ayudas se conceden a través de un procedimiento reglado a partir de la existencia de un informe social ligado a un proyecto de intervención en el que se establecen las finalidades y conceptos concretos a los que se destinará la prestación económica.
