El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha acordado citar como testigo al director de la Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Gabriel Ramón Navarro.
Así consta en una providencia del magistrado, recogida por Europa Press, que fija además la fecha para esta nueva testifical, el 18 de noviembre a las 11.30 horas. En la causa, una de las líneas que se investiga está relacionada con la cátedra extraordinaria que codirigía Gómez en esa universidad.
De hecho, consta como investigado el rector de la UCM, Joaquín Goyache, quien declaró en julio ante Peinado que no había ordenado que se creara esa cátedra para que la dirigiera Gómez y que no existió ninguna irregularidad respecto a ella en su relación con la universidad.
Navarro fue quien firmaba el informe que la UCM hizo llegar en julio al juez en el que se explicaba que después de haber realizado una investigación interna no podían concluir si había existido o no perjuicio sobre su patrimonio por los contratos y pagos derivados del software desarrollado en el marco de la cátedra que dirigía la esposa del presidente de Gobierno.
En ese documento, al que tuvo acceso Europa Press, la asesoría jurídica de la universidad indicaba que dado que el juez rechazó su personación en la causa al no entender que hubiera perjuicio para ella, ponían en conocimiento del magistrado sus averiguaciones «tras las distintas informaciones aparecidas en prensa y que afectan a la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva», de la que era directora Gómez.
«Falta de colaboración»
La Complutense alegaba que no habían podido concluir que hubiera perjuicio para su patrimonio porque, indicaba, se había dado una «falta de colaboración de determinados intervinientes» y la universidad no estaba dotada de potestades que obligaran a esa colaboración.
Con todo, le decían al juez que le trasladaban sus «actuaciones de investigación» cuyo objetivo era conocer «si en la conducta de los órganos de dirección de la Cátedra existieron conductas no ajustadas a Derecho que hubieran podido causar un daño al patrimonio de esta universidad pública».
«Dada la falta de cooperación de determinados participantes en relación a los hechos y afectados por la cuestión, a lo cual se suma la complejidad del tema en curso, esta universidad considera que no podrá alcanzar, por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes», lamentaba Navarro.
Y pedía al juez que si de la investigación practicada en su juzgado existieran indicios de que hubiera un perjuicio patrimonial a la UCM se le ofrecieran acciones en calidad de perjudicada.
Señalaba en su escrito, además, que sus pesquisas internas se dirigieron a averiguar si existió una apropiación indebida de determinados productos titularidad de la UCM».
Coincide que para ese mismo día ha citado como testigos a Adriana Ángel, trabajadora del Instituto de Empresa (IE), y a Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School desde 2010 y exconsejero de la Comunidad de Madrid.
Estas dos citaciones tenían lugar después de que la directora de Recursos Humanos (RRHH) del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, declarara ante el juez que fue Güemes quien le dijo que había que contratar a la esposa del presidente del Gobierno, según indicaron a Europa Press fuentes presentes en la declaración.
