El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’ ha enviado este miércoles al Tribunal Supremo la causa al completo al tiempo que ha instado a que se investigue al diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos «en tanto que ocupaba un papel principal en el entramado».
En la exposición razonada remitida a la Sala Segunda del alto tribunal, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 asegura que de lo investigado «se desprende la existencia de indicios fundados y serios, una imputación clara y concreta o apoyo probatorio que evidencia la presunta participación de Ábalos» en los hechos.
El juez Moreno apunta a la presunta comisión de un delito de pertenencia a organización criminal «en tanto que ocupaba un papel principal en el entramado creado» por el empresario Víctor de Aldama «para la consecución de negocios con las Administraciones Públicas».
El magistrado también señala a Ábalos por un delito de tráfico de influencias «en tanto que consta acreditada su intervención para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa», la empresa clave de la trama, «así como para la contratación por parte de dos empresas públicas», como INECO y TRAGSATEC.
En último lugar, el juez de la AN considera que Ábalos habría cometido un delito de cohecho «en tanto que en pago de su mediación en la adjudicación de los citados contratos de suministro le fue proporcionado el uso y disfrute» de un chalet en ‘La Alcaidesa’ y de la vivienda situada en el Edificio Torre en Madrid en el que residió su expareja Jessica Rodríguez.
El magistrado ha remitido la totalidad de la causa al Tribunal Supremo, el competente para investigar si así lo considera a Ábalos por su condición de aforado al ser miembro del Congreso de los Diputados. El alto tribunal podría decidir quedarse con lo relativo al exministro y devolver al juez el resto de la investigación.
Origen de la causa
En su resolución, el juez apunta la «existencia de una organización criminal» que se concertó «para conseguir la adjudicación de los contratos», unos cobros obtenidos por Koldo García «para mediar y conseguir su adjudicación y las operaciones para ocultar tales cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos consecuencia de las irregulares adjudicaciones».
El magistrado recuerda que el inicio de esta causa se centró en la investigación del negocio de las mascarillas y que permitió poner al descubierto la relación privilegiada del empresario Víctor de Aldama en el entonces Ministerio de Fomento con Koldo García, en aquel momento asesor del ministro.
Como patrón general de comportamiento, sostiene el juez, Aldama pagaba de manera recurrente y periódica a Koldo 10.000 euros al mes para así prevalerse de la influencia de Ábalos, que actuaba en beneficio del propio Aldama y de sus empresas.
«Estos pagos a Koldo, que podrían denominarse ordinarios, se han visto acompañados de otros de carácter extraordinario cuyo beneficiario sería Ábalos. Los más evidentes observados hasta el momento son los relativos a la compra del chalet de ‘La Alcaidesa’, así como el pago a través de personas vinculada a Aldama del alquiler de un piso que disfrutaba la mujer con la que el ministro mantenía una relación», desgrana el magistrado.
Estas contraprestaciones, según la resolución, «tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a Ábalos, en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio Aldama».
«Así, esta acción corruptora llevaba a cabo por Aldama, le permitía asegurarse la consecución de un lucro económico, asentado en la estructura societaria criminal de sus socios, presuntos partícipes también de la organización criminal objeto de investigación», continúa el juez.
La trama más allá de las mascarillas
El magistrado sostiene que queda acreditada «la perdurabilidad en el tiempo» de la organización criminal integrada en principio por 10 personas investigadas en la causa, «de manera simultánea a la celebración de los contratos investigados e, incluso, con posterioridad a los mismos», como con la obtención de «salvoconductos para disfrutar de libertad de movimientos de ciudadanos venezolanos u la obtención de título de operadora para Villafuel».
De esta forma, insiste el juez, «la influencia ejercida por Koldo y Ábalos no quedó circunscrita al tiempo que estuvieron en el Ministerio», ya que «tras la salida de los dos en julio de 2021 se siguen observando pagos recurrentes a Koldo por parte de Aldama hasta septiembre de 2022».
En esta línea, recuerda el instructor, «se ha llegado a acreditar mediante las intervenciones telefónicas cómo, incluso, en diciembre de 2023 y enero de 2024, Koldo recurría a Ábalos para actuar en beneficio de Soluciones de Gestión frente a la Administración balear y la deuda millonaria que le reclamaban».
El juez Moreno considera que a lo largo de estos meses de investigación ha quedado acreditada la vinculación de Ábalos con los contratos de material sanitario adjudicados a Soluciones de Gestión por el procedimiento de emergencia, recordando que Aldama era conocedor «de manera anticipada» de la necesidad de realizar una contratación con carácter de emergencia.
«De acuerdo con los indicios recabados a través de los correos electrónicos intervenidos, las declaraciones de testigos, las intervenciones telefónicas, el volcado y análisis parcial de los dispositivos electrónicos de los investigados, así como todo aquello que se ha instruido hasta el día de hoy, puede concluirse, de manera indiciaria, que la selección de Soluciones de Gestión como adjudicataria de los contratos habría partido de Aldama y de algún alto cargo del Ministerio, con la permanente participación de Koldo», concluye el magistrado.
El juez incluye en su resolución la auditoría elaborada a petición del actual titular de Transportes, Óscar Puente, en la que se apunta «que el propio Ábalos o su Gabinete podría haber sido quien contactara con Soluciones de Gestión, negociara con estos y modificara el objeto de la emergencia para que finalmente coincidiera con lo ofertado por la empresa».
Rescate de Air Europa
Por otro lado, el magistrado también hace alusión al «papel» de Ábalos en el rescate de Air Europa al considerar que «resulta de interés». En concreto, señala que las conversaciones halladas permiten apreciar cómo Aldama se valió de su relación con el entonces ministro para influir en la concesión del rescate a esta empresa.
En este contexto, el juez menciona los encuentros mantenidos en esas fechas entre altos cargos del Gobierno como la ahora exvicepresidenta del Ejecutivo Nadia Calviño con Aldama y con el entonces CEO de Globalia Javier Hidalgo.
«Todo parece indicar que tras los encuentros Ábalos-Calviño y Ábalos-Aldama-Hidalgo, acaecidos el 16 de julio de 2020 en el seno del Ministerio de Transportes y en los cuales habrían tratado el rescate de la compañía Air Europa, la situación habría fructificado en favor de la citada aerolínea según trasladaba el mismo Ábalos a Hidalgo», señala el juez.
