La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reclamado este lunes respaldo a la «magnífica» Ley del Suelo, en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, y un pacto de Estado que vaya «más allá del Pacto de Estado clásico en el que siempre nos incorporamos los partidos políticos, administraciones y sector». «Creo que, en este caso, la alianza de país que reclamo tiene que ver también con la empatía y la complicidad social», ha subrayado en su intervención en el marco de la inauguración del IV Congreso Nacional de Vivienda en Málaga capital.
«Ojalá este problema se circunscribiera sólo a una clase de ciudadanos con más dificultades económicas. Ojalá, pero este problema nos afecta a todos», ha remarcado la ministra, recordando que hay «maestros que tienen que compartir piso en grandes ciudades porque el alquiler se come hasta un 80% de su salario; enfermeros que nos cuidan y que no tienen para alquilar una vivienda» y apuntando a «realidades» que tensionan el mercado, como los pisos turísticos e incluso el boom de residencias universitarias privadas.
«Por eso defiendo una alianza de país y de que estemos todos a una», ha subrayado Rodríguez, para la que «categóricamente» no es «suficiente» el esfuerzo presupuestario –«multiplicado por ocho»– que está haciendo, a su juicio, el Gobierno de España. «Necesitamos más y nos necesitamos todos», ha pedido ante un auditorio en el que estaban el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Asimismo, la ministra ha apuntado que el problema de la vivienda es «global», ya que «está afectando a países y ciudades de todo el mundo» y tiene su clave, a su juicio, en «un crecimiento global» de la demografía «sin precedentes». Por último, ha insistido en que las medidas que impulsa el Gobierno persiguen que los ciudadanos no tengan que destinar a la vivienda más de un 30% de su renta.
La ministra de Vivienda ha destacado los 4.000 millones en líneas del Instituto Oficial de Crédito (ICO) que se han traducido en 57 operaciones «ya en estudio» que supondrá la construcción de alrededor de 17.000 viviendas. «Pero queda recorrido», ha sostenido Isabel Rodríguez, que ha anunciado una campaña de estas líneas de ayuda en todos los territorios para «agilizar» la ejecución de fondos y para que la demanda no se limite sólo a los promotores sino que también se puedan beneficiar las administraciones locales y los promotores públicos de vivienda.
Igualmente, ha recordado los 5.500 millones de euros del plan de recuperación que fueron a rehabilitación y a vivienda y los más de 8.500 millones de euros en avales de préstamos, así como la fórmula de colaboración pública y privada con la que el Gobierno espera poder construir más de 20.000 viviendas a precios asequibles. En relación con los préstamos ICO, estos van dirigidos a proyectos que incrementen el parque de vivienda en alquiler social o precio asequible energéticamente eficiente vía obra nueva o rehabilitación, y que también incluye la financiación para la compra de suelo o del edificio, ha recordado el Gobierno en una nota de prensa.
El acuerdo firmado con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa contempla la financiación de operaciones desde el 1 de enero de 2022 que cumplan con las condiciones establecidas en el acceso al préstamo. Estos préstamos se tendrán que solicitar antes del 1 de junio de 2026 y formalizar antes del 31 de agosto de 2026. Existen dos vías de acceso a la financiación de los proyectos, que se distribuirán en función de la demanda. En un inicio, está previsto que el ICO movilice 2.000 millones y las entidades financieras adheridas a la línea de préstamos movilizarían los 2.000 millones restantes.
No obstante, en función de la demanda, esta distribución puede variar. En el caso de que sea el ICO la entidad que concede el préstamo, la operación solo requerirá de verificar el cumplimiento de los requisitos y el riesgo de la operación, para la posterior concesión del préstamo. Por otra parte, las entidades financieras analizarán el riesgo de la operación conforme a su propia política de riesgos, ya que es la entidad quien asume el riesgo de impago. Si se utilizase la vía de las entidades financieras, una vez la entidad y el promotor acuerden el préstamo y se conceda, el ICO trasferirá el importe de la operación a la entidad financiera para que proceda a su préstamo al promotor.
Aquellas viviendas construidas a través de estos préstamos deberán ser destinadas al alquiler social o asequible, o cedidas para dicho uso, durante período mínimo de 50 años. Asimismo, los proyectos tendrán que finalizarse en diferentes fechas, en función del tipo de proyecto financiado. Concretamente, la financiación del Programa para la construcción del Plan de Recuperación deberá estar terminada antes del 30 de junio de 2026.
La construcción de edificios en suelo urbanizado, antes de que transcurran cuatro años desde la formalización del préstamo, con posibilidad de prorrogarlo dos años más; en el caso de suelos no urbanizados, el plazo es de ocho años con posibilidad de solicitar una prórroga que alargue cuatro años más dicho plazo. Y un plazo de cuatro años, con posibilidad de solicitar una prórroga de dos años más, en el caso de la rehabilitación.
Los proyectos financiados han de cumplir con unos requisitos climáticos en los cuales los edificios construidos deben alcanzar un consumo de menos del 20% de energía primaria que el establecido para edificios de consumo de energía casi nulo según directrices las nacionales; y, los rehabilitados, deben reducir, al menos, un 30% de la energía primaria no renovable.
El 27 de diciembre de 2023, el Consejo de Ministros aprobó la creación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación para incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como para mejorar el ya existente. El aval cubre hasta el 50% del importe del capital del préstamo y será gestionado por el ICO. El aval es gratuito y se otorga de manera automática una vez se concede el préstamo, tanto si se accede a él a través del ICO o desde una entidad financiera adherida a la línea de financiación. El aval tiene el mismo período de vigencia que el tiempo de amortización del préstamo o, en caso de ser superior, de 30 años.
Por último, la ministra anunció el pasado mes de abril, tras una reunión del presidente del Gobierno con representantes del sector de la vivienda, que el Gobierno va a actualizar la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. «El objetivo es actualizar esta normativa porque lo aconseja el estudio que hemos hecho de necesidades de modificación puntuales, lo que tiene que ver con agilizar de nuevo la gestión urbanística», dijo la ministra en rueda de prensa.
También añadió que se van a «introducir elementos muy importantes, como las nuevas técnicas constructivas, especialmente en lo que se refiere a la industrialización de la construcción, o los factores de sostenibilidad también en el ámbito de la construcción». El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publicó el pasado 6 de septiembre la audiencia pública para la modificación de la citada Orden con el objetivo de recabar las opiniones y propuestas de los operadores económicos. Las modificaciones propuestas permitirán acelerar las promociones inmobiliarias, lo que redundará en menores costes para los promotores y en una reducción del tiempo de ejecución de las obras. La nueva propuesta tiene como objetivo adaptar la normativa a las nuevas tendencias observadas en el sector de la construcción.
