La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que «ajuste y clarifique» los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos para que tengan capacidad de decisión sobre si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios.
De igual manera, ha avanzado que el Gobierno tramitará de forma urgente un real decreto ley para que los alquileres temporales se incluyan dentro de la plataforma de registro único que el Ejecutivo quiere crear al amparo del reglamento de la Unión Europea 2024/1028, por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, del que también formarán parte los alquileres turísticos.
Así lo ha trasladado la titular de vivienda tras la reunión con el Grupo de Trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales, en la que ha detallado que el Ejecutivo recogerá también en este real decreto las condiciones que han de cumplirse para que los alquileres temporales acrediten la causalidad a la hora de formalizar el contrato y, de esta manera, justificar que realmente «el contrato se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria».
«Este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios, del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios», ha asegurado Rodríguez.
Alojamientos temporales
Tal y como ha indicado la ministra, en la reunión de este miércoles mantenida con diferentes representantes de distintos ministerios, organizaciones del sector y agentes sociales, han concluido que es «necesario» establecer todos los mecanismos para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos y salvaguardar el alojamiento de temporada.
«Los alquileres de temporada para lo que realmente son», ha sentenciado Rodríguez. Para ello, ha indicado que se desarrollará el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), así como el reglamento de la Unión Europea 2024/1028 sobre el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración.
Por ello, se exigirá a los alojamiento de temporada que justifiquen la causalidad que les lleva a no acogerse a un tipo de alquiler ordinario, con el objetivo de que no se «abuse» del contrato de alquiler temporal y, utilizando los registros autonómicos y locales, que estos alquileres temporales formen parte de la plataforma de registro único que el Gobierno quiere impulsar para los pisos turísticos.
Respecto a la plataforma, Rodríguez ha indicado que, con ella, se pretende establecer un sistema similar al de una «matrícula» para que se sepa si una vivienda es protegida, temporal o turística.
«Uno no puede tenerla (una vivienda) en temporal y en turístico al mismo tiempo, porque entonces algo no está saliendo bien», ha afirmado, a la vez que ha defendido este sistema como una manera de combatir el «fraude» que se está produciendo en algunas viviendas que se ponen como alquiler temporal, pero luego en la temporada de verano se establecen como vivienda turística.
Al ser preguntada por plazos, Rodríguez ha recordado que el Gobierno tiene previsto que esta plataforma esté lista en 2025, pero se va a intentar poner en marcha «todo lo rápido que nos permita la tecnología y los desarrollos que hemos de implementar».
