El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto con el que se pretende dotar de seguridad y aumentar los derechos de las 367.900 personas que trabajan como empleadas del hogar en España, más de un 95% de ellas mujeres, y que incluye, entre otros derechos, reconocimientos médicos periódicos gratuitos o el derecho a la formación, durante la jornada laboral, por parte del Servicio Público de Empleo (SEPE).
«Estamos hablando de las invisibles, estamos hablando de las mujeres que sostienen nuestras vidas, que nos cuidan, que forman parte de nuestras familias y que hasta hace muy poquito en España carecían de derechos. Por tanto, hoy el Gobierno de España es un Gobierno comprometido con los derechos de las trabajadoras del hogar, pero es un Gobierno, además, feminista», ha enfatizado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, Díaz ha destacado que este real decreto «salda una deuda histórica» y ha dado las «gracias» a las trabajadoras del hogar, porque, según ha asegurado, «son ellas las que han conseguido» este avance pues «llevan muchos años luchando».
Esta nueva norma, tal y como ha precisado Díaz, beneficiará a las 367.900 personas empleadas del hogar en España, de las cuales, más del 95% son mujeres, la mayoría de ellas, de entre 40 y 50 años y un 45% de ellas, migrantes. Además, ha puntualizado que se concentran en Madrid y Cataluña, singularmente.
Entre los nuevos derechos que tendrán a partir de ahora, las personas trabajadoras del hogar podrán realizarse reconocimientos médicos periódicos gratuitos, un punto que, según ha afirmado la vicepresidenta segunda, es «clave» y el que «más trabajo» les ha dado.
«Estas mujeres son las que cuidan, las que hacen las tareas dentro del hogar, las que se enferman, pero no tenían reconocimientos médicos», ha precisado. Además, ha querido dar «toda la tranquilidad» precisando que esto no supondrá carga alguna para familias y personas empleadoras, ya que el Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de la realización gratuita de estos reconocimientos médicos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
«Nadie va a ver incrementados sus gastos, no van a tener, si no quieren hacerlo –si lo quieren hacer, podrían hacerlo, formalizar un contrato de seguro o concertar con las entidades, las mutuas–, pero si no quieren, van a tener derecho en los servicios públicos», ha explicado, añadiendo que es «una conquista clave».
UNA HERRAMIENTA GRATUITA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
Además, se ofrecerá una herramienta gratuita elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) que facilitará a las personas empleadoras el cumplimiento de las obligaciones relativas a la evaluación de riesgos.
La persona empleadora deberá proporcionar a las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar equipos de trabajo adecuados para el desempeño de sus funciones y adoptará las medidas necesarias para que su utilización pueda efectuarse de forma segura.
Igualmente, el INSST elaborará una Guía técnica para la prevención de los riesgos laborales en el trabajo doméstico; y para garantizar el derecho a la formación gratuita, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publicará una herramienta gratuita.
«Ahora les damos el derecho a la formación y podrán ser formadas, como el resto de los trabajadores, durante su jornada laboral y si no lo fuera, como pasa con los restantes trabajadores, se compensará con tiempo de descanso», ha puntualizado Díaz.
Asimismo, se elaborará un protocolo en caso de acoso. «Saben que estas mujeres son víctimas de acoso y haremos, formalizaremos un protocolo de acoso y violencia en el hogar. Por supuesto, todas estas herramientas, insisto, no van a irrogar ningún coste a las familias y van a ser completamente gratuitas», ha señalado.
También se regula el derecho de las personas trabajadoras a la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente, sin que ello pueda entrañar ningún perjuicio para la persona trabajadora.
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
El Real Decreto también recoge los servicios de ayuda a domicilio (SAD), pues las especiales características de esta actividad, que se desarrolla en domicilios privados, requieren una especificación para recoger la protección de la seguridad y la salud. Así, señala que las personas encargadas de evaluar los riesgos laborales han de realizar las evaluaciones con visitas presenciales a los domicilios donde se lleva a cabo la actividad de cuidado.
Además, precisa que se podrán introducir modificaciones en el domicilio cuando la empresa obtenga el consentimiento de las personas titulares del domicilio previamente y siempre y cuando sean precisas para garantizar la protección más adecuada frente a los riesgos del puesto de trabajo, de conformidad con la evaluación de riesgos.
Según han explicado desde el Ministerio de Trabajo, esta norma, que ha contado con el diálogo con las organizaciones sindicales y plataformas representativas del sector, termina un camino que comenzó con la aprobación de un subsidio especial en la pandemia ocasionada por el COVID-19, el reconocimiento del derecho a la cotización para la prestación por desempleo y la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
