Dolores Delgado seguirá al frente de la Fiscalía de Memoria pese a que la mayoría del Consejo Fiscal se ha negado a pronunciarse sobre si es compatible con que sea pareja del exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de Derechos Humanos. La votación ha salido adelante con 5 votos y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado que propondrá mantenerla en el cargo tras cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el nombramiento y ordenaba examinar el caso.
Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que el Consejo Fiscal ha aprobado la compatibilidad de Delgado por 5 votos a favor –los del fiscal general, las dos vocales natas y los dos de la Unión Progresista de Fiscales– y sin la participación de 7 vocales –6 de la Asociación de Fiscales (AF) y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–.
Los 12 miembros del Consejo Fiscal podían haber votado, dado que García Ortiz decidió no abordar la petición de Delgado de apartar a tres vocales de la deliberación. Según las fuentes consultadas, el fiscal general estimó que la orden del Supremo era retroceder el procedimiento al Pleno del 8 de junio de 2023 y ese día estaban convocados los 12 vocales.
Con todo, 7 vocales se han negado a votar al considerar que hacía falta documentación para pronunciarse sobre la compatibilidad de Delgado. Los 6 de la AF plantearon a García Ortiz la necesidad de aportar más material para el debate, pero el fiscal general alegó que había que votar este martes. El vocal de la APIF se sumó a la queja y optó por no ejercer su derecho a voto.
Al no haber participado 7 vocales en la votación por motivos de forma, el veredicto ha salido adelante con los 5 que se han mostrado a favor.
LA MAYORÍA AFEA LA ACTUACIÓN DEL FISCAL GENERAL
En un comunicado emitido este martes por la AF, los vocales de dicha asociación explican que han «cuestionado» que el expediente de compatibilidad elaborado por la Inspección Fiscal y sometido al Pleno «responda a las exigencias derivadas de las sentencias del Supremo a las que se debía dar cumplimiento».
Para estos 7 vocales, el contenido de dicho expediente «resulta absolutamente insuficiente para resolver si concurre o no» causa de incompatibilidad. Aseguran que con la documentación aportada es «imposible» hacer tal valoración y que, por ello, solicitaron al fiscal general que se completara con «documentación registral y oficial relativa a la actividad y cargos» de la fundación de Garzón y de su despacho de abogados.
Según subrayan, la petición fue «desoída» por García Ortiz, quien entendió que el expediente estaba «suficientemente completo» y que había que cumplir con la sentencia del Supremo que fijó que debía adoptarse una decisión con «agilidad». Los 7 vocales, sin embargo, afean que hiciera «caso omiso» al apartado de la sentencia que decía que tal decisión debía tomarse «con todas las garantías».
EL SUPREMO ORDENÓ REVISAR LA COMPATIBILIDAD
El Consejo Fiscal estaba convocado a un Pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: ejecutar las sentencias por las que se estimaron los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y del fiscal antidroga Luis Ibáñez –candidato al cargo– contra la designación de Delgado al frente de Memoria Democrática.
En los tres recursos se alegaba que el nombramiento no era válido porque García Ortiz no dio opción al Consejo Fiscal de estudiar si Delgado incurría en causa de incompatibilidad al ser pareja de Garzón, que dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, materia que aborda también la Fiscalía de Memoria Democrática.
El Supremo descartó que hubiese desviación de poder en este nombramiento de Delgado, pero entendió que no haber consultado al Consejo Fiscal –que tiene un criterio vinculante en los asuntos de compatibilidad– era motivo suficiente para anularlo. Para el tribunal, este defecto era «sustancial» e invalidaba la propuesta de nombramiento que hizo García Ortiz al Consejo de Ministros.
Así las cosas, los magistrados anularon el Real Decreto de 13 de junio de 2023 por el que se nombró a Delgado y ordenaron retroceder el nombramiento al momento en el que el Consejo Fiscal debía pronunciarse sobre si concurría o no la prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), relativo a las compatibilidades de cargo.
En concreto, dicho articulo establece que en los miembros del Ministerio Público no podrán ejercer sus cargos «en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge (…) ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal».
Este martes, el asunto se ha votado en el Consejo Fiscal y se ha fijado que no hay incompatibilidad alguna en este caso. Con este aval, el fiscal general ha anunciado que propondrá de nuevo a Delgado para que se nombrada otra vez por el Consejo de Ministros para el cargo de fiscal de Sala de Memoria Democrática.
