Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero. El inspector jefe del Grupo IX de Estafas de la Brigada Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, Óscar Lago, ha informado hoy en una rueda de prensa.
Hasta la fecha se han localizado un total de 29 víctimas a las que les habrían causado un perjuicio económico superior a los dos millones de euros, aunque el total defraudado asciende a más de 52 millones. Se han realizado 12 registros en cinco viviendas y siete oficinas, en los que se han intervenido 200.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de alta gama, material informático y 21 obras de arte y facsímiles, valoradas en más de 200.000 euros.
Han resultado detenidas 33 personas a las que se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Un fraude total de más de 52 millones de euros en siete años, que iban a parar a Chipre a través de transferencias.
Investigación
La investigación comenzó a finales del año 2023, tras recibir varias denuncias en las que las víctimas manifestaban haber realizado una serie de inversiones a través de un bróker internacional y haber perdido todo su capital sin poder recuperarlo. Una vez avanzadas las pesquisas, lograron determinar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada y jerarquizada.
Concretamente, comenzaron una investigación que llevó a los agentes hasta una organización criminal dirigida por una persona que llevaba acuerdos con brókers en el extranjero para hacerse con los ahorros de las víctimas.
La operativa se llevaba a cabo en siete ‘call centers’, en el centro de Madrid, donde se disponía en la parte más baja de una organización de jóvenes al efecto de captar a víctimas. Todo esto lo hacían guiados por los responsables de la organización criminal a los efectos de, una vez captada la víctima, hacerse con sus ahorros.
Estos jóvenes disponían de unas guías donde se ponía lo que tenían que mencionar, lo que tenían que comunicar a los posteriormente denunciantes. Las guías de usuarios que les entregaban ponían un guión de los pasos que tenían que seguir, incumpliendo así las obligaciones que marca la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV).
Los captadores, chicos jóvenes que llegaban a cobrar hasta 100.000 euros al año, realizaban lo que se conoce como ‘llamadas frías’ dirigidas a pequeños inversores y algún pequeño empresario. Recababan información de fuentes abiertas, de anuncios o de bases de datos que gente que había invertido previamente. Tenían varias oficinas, la más grande situada en el centro de la capital, por la que pagaban un alquiler de 6.000 euros al mes.
Entre las curiosidades, contaban con una campana que tocaban cuando alguna de las víctimas picaba e invertía en este falso chiringuito, al puro estilo de la película ‘El Lobo de Wall Street’.
La finalidad de estas llamadas, ha continuado el jefe de la investigación, era captar al cliente para que invirtiera. «El objetivo era intentar sacar toda la máxima información de estas personas para saber dónde podían ser vulnerables y que le dieran su confianza para que terminaran entregándole sus ahorros. Una vez que se consigue la primera inversión, estos jóvenes entregaban la información a otros jóvenes dentro de los mismos ‘call centers’ para que llevaran a cabo las operaciones de inversión, cuya única finalidad era conseguir los máximos ahorros de las víctimas. Y una vez vieran que no hay más dinero o que la propia víctima quiera retirar el capital, le hundían la inversión», ha explicado.
Los captadores prometían a las víctimas asesoramiento y una gestión personal por parte de profesionales para llevar a cabo las inversiones, que al final no se llevan a cabo porque la base de la estafa es que el jefe de la organización tiene el acuerdo con los brókers en el extranjero, para que todo el dinero que les arrebatan se lo repartan al 50 por ciento.
Jefe de la organización
En la cúspide se encontraba el jefe de la organización, del que se pudo acreditar, que entre los años 2017 al 2024 había defraudado más de 52 millones de euros. En el escalafón intermedio se encontraban los encargados de la logística y la administración. El eslabón inferior estaba formado por los comerciales, encargados de la captación de las víctimas desde los diferentes centro de llamadas, que en algunos casos, eran sus propios domicilios.
La captación de clientes iba dirigida a pequeños ahorradores, neófitos en la materia, sin conocimiento en la materia, elemento común en todas las víctimas a las que vendían las bondades de la inversión, supuestamente, sin ningún tipo de riesgo. De esta manera, incumplen las directrices de la CNMV porque no les informan de los riesgos, prometiéndoles ganancias del 30 por ciento.
Pero lo más significativo es que en ningún caso se llegaban a realizar las inversiones, ya que la verdadera intención de los captadores, era que la víctima perdiera todo su capital, que era repartido entre el bróker en el extranjero y los miembros de la organización en España al 50 por ciento.
Hasta el momento se han localizado a 29 víctimas, a las que les habrían causado un perjuicio económico superior a los dos millones de euros, pero no se descarta que puedan aparecer más perjudicados. Tras la investigación llevada a cabo, el pasado día 20 de noviembre se procedió a la entrada y registro de cinco domicilios y siete oficinas ubicadas en las localidades de Madrid, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes, interviniendo 200.000 euros, cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de alta gama, material informático y 21 obras de arte y facsímiles, valoradas en más de 200.000 euros.
Otra característica de la banda es que intentaban por todos los métodos que las víctimas no denunciaran. De hecho, los agentes llegaron a comprobar que los captadores les «daban cariño» indicándoles que la pérdida del dinero era fruto del mercado o de ellos mismos. Incluso si alguno mostraba su intención de denunciar, entraban en un «verdadero regateo», incluso devolviéndoles toda la inversión, para que no denunciaran. Algunas víctimas no acabaron denunciando por vergüenza.
La operación policial final tuvo lugar el 20 de noviembre. Resultaron detenidas 33 personas, todos españoles desde los 19 a 40 años, a las que se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, pasando posteriormente a disposición judicial.
