La Comisión Europea se hizo eco ayer en su informe sobre el Estado de derecho en España de la preocupación en la judicatura por los ataques en declaraciones de políticos, incluido desde el Gobierno, contra el poder judicial y avisó del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias, pidiendo además más avances para reforzar la independencia y autonomía del Fiscal General.
“Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, la confianza del público en el poder judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad”, señala el documento de casi 40 páginas que este año ha dedicado Bruselas a la salud democrática en España.
El “daño” a esta confianza, añade el documento, es “particularmente relevante” cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en general en las instituciones constitucionales.
El texto se refiere a la “preocupación” que le ha sido trasladada al Ejecutivo comunitario desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asociaciones de jueces y otros grupos de interés de que “este tipo de declaraciones hechas por políticos socaven cada vez más la confianza pública en el poder judicial”.
