La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional ha presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, «en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes», y ha pedido las recusaciones de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez.
«Ya avanzamos que en el PP y en la Comunidad de Madrid no nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia», ha manifestado, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
Para la dirigente madrileña, se trata de una ley «escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, arbitraria y obscenamente inconstitucional». Supone, a su parecer, «otro paso más» del presidente, Pedro Sánchez, «en su operación destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima».
«¿Ahora cómo deshacemos tanto daño? ¿Cómo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia, si sabemos lo que todos los socialistas abominaban de la amnistía por inconstitucional?», ha cuestionado a continuación.
Ayuso ha explicado que desde el Gobierno madrileño consideran «en la tramitación parlamentaria de esta ley, además, se han infringido diversos preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados», lo que ha dado como resultado «una reforma encubierta de la Constitución española».
En cuanto a las recusaciones, ha sostenido que las piden, entre otras razones, «por su pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó la Ley de Amnistía», lo que «les inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de esta ley». «Este es el motivo por el que el exministro Campo ha pedido abstenerse, debate que se mantendrá este martes», ha recordado.
«Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no puedan atropellar nuestra Constitución y hundir España. En este proceso, todo aquello que le da sentido a España como Nación: el Senado, la Monarquía, la Constitución y las regiones y especialmente la Comunidad de Madrid, somos objetivo», ha alertado la jefa del Ejecutivo regional, al tiempo que ha sostenido que este «Gobierno no admite crítica ni respeta a la pluralidad ni a la verdad misma».
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido apurar el plazo para su «cascada» de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Acaba el miércoles día 11 y tienen previsto interponer sus respectivos recursos entre el lunes, como Madrid, o mañana martes. El pasado jueves el Grupo Popular, con la firma de sus diputados y senadores, registró el suyo.
AFECTA A «PILARES BÁSICOS»
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid han informado que solicitaron un informe a la Abogacía General de la Comunidad, el pasado mes de junio, tras la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, y los servicios jurídicos emitieron un dictamen que «avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma».
En su argumentación, denuncia que la Ley de Amnistía afecta a «los pilares básicos sobre los que se asienta la Constitución y defiende que el Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales». La Comunidad de Madrid considera que no se puede admitir una ley que «crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma en concreto, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución».
Además, apunta a que «supone una ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Por último, también recoge que la Ley de Amnistía ha sido aprobada «sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso».
