Los fiscales del ‘procés’ han entregado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, el informe en el que se oponen a amnistiar la malversación que se le atribuye, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont al entender que es «improcedente» porque sí tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la UE. Y aseguran que si el jefe del Ministerio Público está a favor de aplicar la amnistía deberá plasmarlo por escrito y convocar a la Junta de Fiscales para debatirlo.
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, defienden que es «indudable» que Puigdemont, los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y los exconsejeros condenados Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa «sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España».
Los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno inciden en que «esos fondos no han sido restituidos». Así las cosas, los cuatro informan al jefe del Ministerio Público de que se oponen a amnistiar la malversación atribuida a los encausados del ‘procés’.
«Su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma», apuntan.
Como ya adelantaron el pasado 30 de mayo a García Ortiz, los fiscales entienden que los encausados sí tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la UE y que, por ende, dichos actos quedarían fuera de la amnistía porque así lo fija la propia ley.
«Indudable beneficio»
En el escrito de este miércoles, sostienen que la malversación de caudales públicos de los encausados del ‘procés’ supuso «un indudable beneficio patrimonial» para ellos.
Insisten en que estaban «decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal» y «conocían perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo con clamorosa infracción del deber de custodia a su sustracción del erario público de todos los españoles».
Así, defienden que estos «funcionarios públicos constituidos en autoridad se apropiaron de fondos públicos con ánimo de lucro propio, no de terceros».
Además, los fiscales exponen que la malversación para «financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión».
Para los firmantes, es «evidente que la ley de amnistía afecta directamente a los intereses de la UE por cuanto la finalidad de todo el ‘procés’ fue la desintegración de España y la declaración de independencia de Cataluña».
En el marco de su informe, los fiscales se oponen a que se levanten las órdenes nacionales de detención que tienen vigentes Puigdemont, Comín y Puig porque entienden que no es pertinente porque la malversación que se les atribuye no es amnistiable.
Desobediencia
Aunque no ven posible amnistiar la malversación del ‘procés’, los fiscales sí ven viable aplicar la norma a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se circunscriben al proceso independentista catalán.
Así las cosas, ven completamente amnistiables la desobediencia atribuida a la exconsejera Clara Ponsatí y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, añadiendo que es la Sala de lo Penal del Supremo la competente para aplicarles la ley.
De Ponsatí, que no fue juzgada porque se marchó de España tras el 1-O, señalan que la aplicación de la amnistía conllevaría la extinción de su presunta responsabilidad criminal.
Sobre Rovira, que se encuentra en Suiza, los fiscales entienden que deben alzarse todas las medidas cautelares y órdenes de detención en su contra.
Sostienen que dichas cautelares deberán alzarse «incluso aunque el procedimiento fuera suspendido por el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC)».
