El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves con mayoría absoluta la Ley de Amnistía levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación. Eso sí, el trámite se ha superado por la mínima, pues se necesitaban 176 votos y se han sumado 177. A partir de ahora, la norma será enviada al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor.
La aprobación de la Ley de Amnistía ha reunido el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. No ha participado en la votación, ni telemáticamente, la diputada de Podemos Martina Velarde, debido a un problema personal, y esa ausencia ha propiciado lo ajustado de la votación.
Como ha pedido el PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie para anunciar su voto a viva voz. Por sorteo, la votación ha comenzado con el Sí del socialista Roberto García Morís, que ha votado telemáticamente.
Cuando ha votado el presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno, que han votado al final, se han escuchado gritos de «traidor» desde la bancada de Vox. Y cuando después la vicepresidenta María Jesús Montero decía en los pasillos a los periodistas que hoy era un día importante para la convivencia, un diputado de Vox pasaba al lado añadiendo: «Y cojonudo para traicionar».
El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado en rueda de prensa de «muy lamentable» que «elementos ultraderechistas» hayan intentado «reventar el Pleno» y que, en lugar de utilizar los argumentos, se hayan dedicado a «insultar, enfangar, mentir y faltar a la verdad». También el independentista Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha acusado a Vox de intentar «reventar» la sesión.
Una vez que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha anunciado la votación, los diputados de PSOE, Sumar y las formaciones independentistas han prorrumpido en aplausos y algunos se han fundido en abrazos y saludaban a las tribuna de invitados, donde seguían el Pleno varios de los condenados por el Supremo y que se van a beneficiar de la ley, como Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull (Junts) y Carme Forcadell. Por su parte, los parlamentarios de Vox y PP abandonaban el hemiciclo.
Una vez aprobada la ley, el siguiente paso será su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con la firma del Rey, lo que según Félix Bolaños se realizará en próximos días, cumpliendo los trámites ordinarios. «Se realizarán los trámites que son oportunos y que son preceptivos y, por tanto, se publicará en el BOE en los próximos días».
Conforme a la legislación, toda norma que aprueba el Parlamento se envía a Relaciones con las Cortes y al Ministerio de Presidencia, que se encarga de gestionar la firma del Jefe del Estado, y después va al BOE para su publicación. La anterior ley que aprobó el Congreso, la de Enseñanzas Artísticas, salió de la Cámara el jueves 23 de mayo y aún no se ha publicado.
Su publicación en el BOE marcará la entrada en vigor de la ley y, desde ahí, los jueces y tribunales tendrán dos meses para aplicarla. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la justicia europea.
El BOE también abrirá el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad y al menos el PP ya tiene anunciado que la impugnará.
Condición para la investidura
Esta «Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña» nació de los pactos que el PSOE selló con ERC y Junts a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura del presidente Pedro Sánchez.
Su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.
La proposición de ley fue registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, ha tardado más de seis meses en ver la luz verde definitiva.
Durante su recorrido en el Congreso el texto sufrió varias modificaciones en virtud de los acuerdos que los socialistas fueron alcanzando con los independentistas catalanes y que fueron recibiendo el apoyo del resto de socios parlamentarios.
Tras su primera fase de debate en la Comisión de Justicia, el texto fue elevado al Pleno el 30 de enero, pero el voto en contra de Junts impidió que se mandara al Senado. Los de Carles Puigdemont forzaron su vuelta a la comisión ante la negativa del PSOE a aceptar sus enmiendas sobre los delitos de terrorismo y traición y tuvieron que buscar un nuevo pacto.
El acuerdo final en el Congreso se alumbró en el Pleno del 14 de marzo y la ley se envió al Senado. El PP uso su mayoría absoluta en la Cámara Alta para impulsar una modificación reglamentaria que le permitió ‘retener’ allí la norma dos meses, el máximo fijado por la Constitución, pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia.
Además, el Senado inició los trámites para plantear un inédito conflicto de atribuciones contra el Congreso por considerar que ley suponía una reforma constitucional encubierta, aunque finalmente los ‘populares’ han desistido de llevar el asunto al Tribunal Constitucional.
