El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos ha preguntado al departamento de informática de la Fiscalía General si formateó los móviles –anteriores o actuales– usados por el jefe del Ministerio Público y ha pedido copia de la normativa interna en la que éste se amparó para justificar que la Guardia Civil hallara «cero mensajes» en sus dispositivos.
En auto dictado, recogido por Europa Press, acuerda estas dos nuevas diligencias –dirigidas al departamento de informática de la Fiscalía General y al delegado de protección de datos de la institución– en el marco de la causa contra García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la revelación de secretos que denuncia Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En la misma resolución, el magistrado Ángel Hurtado descarta ampliar las pesquisas para investigar un presunto delito de prevaricación administrativa al considerar que la causa se encuentran en «un incipiente estado de investigación» que no permite apuntar «más allá» de un presunto delito de revelación de secretos.
A su vez, vuelve a rechazar la citación de Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa que facilitó el correo relativo a González Amador al exlíder de los socialistas de madrid Juan Lobato. Y desestima la petición de citar «por ahora» a otros cargos y excargos que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tuvieron acceso al ‘email’ antes de que se publicara en la prensa: el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín; y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.
Respecto a las diligencias acordadas, Hurtado reclama al departamento de informática del Ministerio Público que precise cuántas veces ha cambiado de teléfono el fiscal general.
También le ordena remitir los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General del Estado; y que informe sobre si sus móviles anteriores han sido formateados. En caso afirmativo, pide la identidad de la persona que haya procedido al formateo y la fecha en la que dichos formateos se hayan producido, así como el software utilizado.
A su juicio, dicha diligencia puede servir de «complemento» a la información que recaba el informe de la UCO de 3 de enero, en que se recogía que el fiscal general había cambiado de teléfono.
Sobre la petición que extiende al delegado de protección de datos del Ministerio Fiscal, solicita que le envíe copia de los protocolos o normativa interna –«aprobada y existente»– en la Fiscalía y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por los fiscales.
Otras peticiones
En la resolución, el magistrado rechaza la petición de la pareja de Díaz Ayuso de recabar mensajes de tres de los periodistas que ya declararon como testigos. Asegura que no acordará diligencia alguna que pueda afectar al secreto profesional de los periodistas y la especial protección que merecen las fuentes de información.
También desestima la solicitud de González Amador de requerir a la Fiscalía Provincial de Madrid la fecha en la que se designó al fiscal encargado de las diligencias previas en las relativas Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, toda vez que «no ve la relación que dicho procedimiento pudiera tener con el presente».
Sobre la petición de acceder a las conversaciones de García Ortiz y Rodríguez con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, el magistrado lo descarta «por ahora»; ello «sin perjuicio de lo que se pueda acordar a la vista de lo que resulte de su declaración como investigado, señalada para el día 5 de febrero».
Asimismo, descarta acceder «por ahora» a las conversaciones al que fuera director de gabinete de Lobato, David del Campo, con Valles, Antolín y Sánchez Espada, «sin perjuicio de lo que pueda requerir el avance de la instrucción».
Por último, rechaza ampliar el análisis de los dispositivos de García Ortiz y Rodríguez a los días 6 y 7 de marzo.
