La familia de Miguel Ángel González, uno de los dos guardias civiles que fallecieron al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate el 9 de febrero de 2024, va a solicitar a la Audiencia Provincial de Cádiz que reabra la causa contra los mandos del instituto armado que supuestamente dieron la orden de acudir esa noche al lugar, que ya fue archivado por esta misma instancia el pasado mes de noviembre de 2024, al tener «nuevas pruebas» sobre el caso.
Miguel Lozano, abogado de la familia del guardia civil gaditano, ha confirmado a Europa Press que esta solicitud fue registrada «el pasado viernes» y que ahora se está a la espera de que se acepte a trámite por la Audiencia Provincial y de si el Ministerio Fiscal presenta acusación al respecto y se opone a ella.
Como ha contado, se ha aportado una grabación de audio que «no era conocida con anterioridad en el curso de procedimientos que está activado», por lo que «debe admitirse» para sustentar esta reapertura del caso contra quienes serían «responsables» de haber ordenado el operativo de Barbate.
El abogado ha lamentado que en el anterior proceso, que fue archivado, el Ministerio Fiscal «se opuso» a que se aportaran evidencias como audios porque «vulneraba el derecho a la intimidad de otras personas» que aparecían en esas llamadas que trataron de aportarse. En aquel momento se «impidió» que se presentaran estas pruebas, pero Miguel Lozano se ha mostrado confiado de que ahora no pasaría lo mismo porque «la presión mediática es muy fuerte».
Cabe recordar que el pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial de Cádiz archivaba las diligencias contra el coronel de la Comandancia en Cádiz y el General de Guardia Civil de Andalucía a los que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) acusaba de ser «responsables de dar la orden en el operativo de Barbate», por el que una narcolancha embistió a la zodiac el pasado 9 de febrero, causando la muerte de dos agentes del cuerpo.
A través de su perfil de ‘X’ (antes Twitter) desde la asociación, personada en la causa contra ambos mandos de la Guardia Civil mostraron su «profunda preocupación» ante el «malestar creciente» entre los integrantes del cuerpo, al conocerse «el contenido del auto judicial emitido recientemente, el cual consideramos que no hace justicia ni esclarece los hechos que se pretendían investigar».
Ya entonces, la AUGC consideraba «fundamental» que se «reabriera el camino hacia la verdad, se esclarezcan los hechos y se garantice una investigación rigurosa y transparente».
De los cuatro tripulantes de la narcolancha que embistió a la zodiac de la Guardia Civil aquella noche, tres ya están en prisión provisional, uno de ellos Karim El Baqqali, el piloto de la embarcación que fue arrestado el pasado 19 de septiembre de 2024, fecha en la que fueron solicitadas Órdenes Internacionales de Detención sobre los otros dos varones encarcelados y un tercer tripulante, que todavía queda por localizar. A todos ellos se les atribuyen dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito pertenencia a organización criminal.
Karim El Baqqali fue detenido después de que el pasado mes de mayo un informe de la Guardia Civil descartara que la narcolancha que patrullaba ‘Kiko el Cabra’ fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a estos dos agentes. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juzgado de Barbate descartana la autoría en el doble asesinato de los seis detenidos incialmente, entonces en prisión por estos hechos.
Estos seis investigados permanecían en prisión desde el pasado mes de febrero de 2023, quedando en la libertad en julio de 2024 aunque como presuntos autores de delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, resistencia y desobediencia y con medidas cautelares como la obligación de comparecer todos los lunes en sede judicial, retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional así como prohibición de expedir un pasaporte nuevo.
