El Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía han llamado la atención este miércoles sobre el «número desorbitado» de agresiones a médicos, especialmente en Atención Primaria –seis de cada diez– y han pedido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) un plan de choque y al Parlamento, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Justicia, acciones administrativas y judiciales para «poner fin» a esta situación. En 2023, fueron 1.564 las agresiones a facultativos andaluces.
En una nota de prensa, el SMA ha alertado de que el número de agresiones al personal de los centros sanitarios en 2023 ha superado las cifras de 2019 tras un periodo de disminución por la pandemia. En concreto, ha indicado que en el pasado año se produjeron 1.564 agresiones, frente a las 1.507 de 2019. De ellas, 287 (18,4%) han sido físicas, y la mayoría de ellas han sido sufridas por mujeres y llevadas a cabo por hombres.
Por su parte, CCOO ha avisado de que la tendencia de los ataques es «claramente creciente». De hecho, han señalado que se notifican 4,3 agresiones al día, «la cifra más alta desde que hay datos», y han puesto el foco en las provincias de Granada y Sevilla donde las agresiones han crecido cerca de un 30% en un año. El 60% de esas agresiones se concentran en Atención Primaria, donde nueve de cada diez son insultos, amenazas o coacciones.
Por su parte, CCOO ha avisado de que la tendencia de los ataques es «claramente creciente». De hecho, han señalado que se notifican 4,3 agresiones al día, «la cifra más alta desde que hay datos», y han puesto el foco en las provincias de Granada y Sevilla donde las agresiones han crecido cerca de un 30% en un año. El 60% de esas agresiones se concentran en Atención Primaria, donde nueve de cada diez son insultos, amenazas o coacciones.
Para el Sindicato Médico Andaluz el incremento «incesante» de las agresiones a los trabajadores de la sanidad resulta «aún más preocupante ante la pasividad de las instituciones». «Las amenazas e insultos no son considerados delitos y quedan sin sanción, a pesar de que alteran el funcionamiento de los centros», ha subrayado, para enfatizar que estas acciones «pueden dañar a los profesionales agredidos más que una agresión física». «Las bajas por esta causa ni siquiera son consideradas accidente laboral», ha apostillado.
