Las acusaciones populares que ejercen Iustitia Europa y Hazte Oír en el marco del ‘caso Koldo’ han pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que investigue el rescate de la aerolínea Air Europa y la visita a España en enero de 2020 de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez.
A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, sendas asociaciones han explicado que han instado al instructor que abra dos piezas separadas y que cite como investigados, entre otros, a la exvicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al exministro y diputado José Luis Ábalos.
A juicio de las dos asociaciones, las recientes revelaciones incluidas en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) «identifican a Ábalos como uno de los actores principales de esta trama». Destacan que se vuelve a poner el foco «en la relación de la trama que se investiga con Armengol y el rescate de Air Europa así como la visita de Delcy Rogríduez a España».
Al hilo, también solicitan «la imputación de los mandos de la Guardia Civil, el teniente coronel Francisco José Vázquez Aznárez y el exdirector De La Guardia Civil Leonardo Marcos González.
La pieza de Air Europa
Para las plataformas, la pieza de separada que solicitan relativa a Air Europa se fundamenta en que son hechos «vinculados» a la causa principal pero con «características específicas».
Apuntan que el último informe de la UCO señalaba que la parte relativa a ese rescate «debería sustanciarse en una investigación más pormenorizada» ya que «existen indicios racionales que apuntan a la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, asociación ilícita y corrupción en la contratación pública, entre otros, por parte de actores implicados en la aprobación del rescate».
«Dichos presuntos autores podrían ser tanto Víctor Gonzalo de Aldama –presunto conseguidor de la trama–, José Luis Ábalos, Koldo García –exasesor de Ábalos–, y otros altos cargos gubernamentales que tuvieron participación en las negociaciones para tal rescate, como el vicepresidente de la SEPI», apuntan las acusaciones populares.
Entienden que De Aldama, que era consejero de Air Europa en aquella época, emerge como «figura clave en las gestiones para lograr el rescate».
«Los indicios extraídos de las conversaciones intervenidas muestran cómo De Aldama utilizó su relación con Koldo García y Ábalos para influir en la concesión del rescate. (…) Revelan un posible acuerdo premeditado para facilitar la aprobación del rescate de Air Europa, valiéndose de sus conexiones políticas y gubernamentales», aseveran.
Además, insisten, puede darse «tráfico de influencias y participación de altos cargos gubernamentales» porque en esas conversaciones De Aldama se refiere de manera constante sus contactos con altos cargos del Gobierno. «Incluso en el informe UCO aparecen el presidente del Gobierno (al que se alude como ‘el 1’) y a la ministra de Economía, Nadia Calviño», recuerdan las plataformas.
Y suma que estas comunicaciones «sugieren (…) una concertación ilícita entre actores públicos y privados para asegurar el rescate de Air Europa en condiciones favorables para la empresa y sus directivos». Aseveran que podría haber prevaricación «si se demuestra que el Consejo de Ministros, bajo la influencia de Ábalos y otros actores, adoptó la decisión de rescatar a Air Europa a sabiendas de su injusticia».
En este sentido, ambas acusaciones solicitan al juez Ismael Moreno que deduzca testimonio de lo declarado por el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo, que en su testifical de septiembre sostuvo que no tuvo relaciones comerciales ni personales con Koldo García o con De Aldama.
A su juicio, del informe de la UCO «resulta evidente que (Hidalgo) comentó, mensajeó, llamó, habló, tuvo reuniones y comunicaciones e incluso encuentros en el Minsiterio de Transportes con las personas que en su declaración negó abiertamente y por lo tanto hay indicios suficientes para determinar que su participación en los hechos que aquí se están investigando».
En el caso de la pieza separada que solicitan para investigar el viaje de 2020 de Delcy Rodríguez a España, las acusaciones indican que desde la perspectiva penal «se podría considerar la violación de sanciones internacionales, tráfico de influencias y cohecho».
«La apertura de una pieza separada sería procedente para aclarar la actuación de las autoridades españolas y determinar la comisión de posibles delitos. El viaje de Delcy Rodríguez a España vulneró las sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea (UE) a funcionarios del gobierno venezolano», añaden.
Las acusaciones explican que «Ábalos, el comisionista De Aldama y Koldo García, informando de ello al presidente del Gobierno, realizaron actos tendentes a la visita de Delcy Rodríguez a España, violando el derecho internacional y las sanciones impuestas por la UE».
Al hilo, indican que la reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez «podría verse como un acto de facilitación o encubrimiento, al no tomar las medidas necesarias para cumplir con la normativa internacional vigente». Entienden que se podría estar «ante la existencia de tráfico de influencias o cohecho impropio si se demostrara que la reunión en el aeropuerto tenía como objetivo favorecer a Delcy Rodríguez».
Imputación de Ábalos
En este mismo escrito, piden la imputación de Ábalos en el ‘caso Koldo’. Recuerdan que mantenía «una estrecha relación» con Koldo García, «quien actuaba como intermediario en diversos asuntos relacionados con adjudicaciones de contratos públicos, el rescate de Air Europa, la visita de Delcy Rodríguez, la adquisición de inmuebles, el pago de alquileres, o la compra de Mascarillas y Pcr».
Ponen el foco en que «Ábalos utilizó presuntamente a Koldo García y a Víctor de Aldama para gestionar la adquisición de una propiedad en La Alcaidesa, Cádiz, presuntamente financiada con fondos obtenidos de contratos públicos adjudicados de forma irregular».
Suman que Ábalos «fue uno de los actores principales en la negociación del rescate de Air Europa, donde se utilizaron influencias y contactos para asegurar que el rescate de la aerolínea, valorado en 435 millones de euros, fuera aprobado».
Y añaden que Ábalos también habría tenido una «gestión personal» en la adjudicación de contratos a Soluciones ed Gestión, la empresa vincualda a la trama, «alterando el principio de libre concurrencia y transparencia en la adjudicación de contratos públicos».
Por todo ello, interesan que se le tenga por investigado, y que en caso de no querer declarar, «que se eleve exposición razonada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al encontrarse aforado el diputado a fin de depurar la supuestas responsabilidades penales».
