Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid decidieron suspender la deliberación de ayer lunes en la que estudiaban los recursos de Begoña Gómez y de Fiscalía para decidir sobre el futuro de la causa porque les falta el recurso en el que la mujer del presidente del Gobierno pedía el archivo del procedimiento.
Fuentes jurídicas han precisado que el tribunal se dio cuenta de que no tenía en su poder el recurso de Gómez sobre el que tenían previsto deliberar y, aunque estaban reunidos desde primera hora de la mañana, no trascendió hasta pasadas las 14,00 horas la suspensión del debate.
Cabe recordar que hace unas semanas la Audiencia Provincial pidió al juez Peinado una copia íntegra de todo lo investigado hasta el momento, si bien, según plasmaba ayer la providencia emitida, dicha copia no estaba completa.
Fue el pasado 24 de julio cuando se dio a conocer que la fecha de deliberación sería este lunes 30 de septiembre. Ahora, tras este traspié, se prevé que los magistrados no se vuelvan a reunir para estudiar este asunto hasta dentro de tres o cuatro semanas, según las citadas fuentes.
El tribunal tenía fijado reunirse ayer para examinar dos recursos: uno de Gómez y otro de Fiscalía. La defensa de Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, había pedido a la Audiencia de Madrid que impidiese al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid hacer una “investigación universal” en su contra. Reclamaba el archivo del caso al considerar que no hay indicios que relacionen a Gómez ni con los contratos investigados ni con las “vicisitudes económicas de Air Europa”.
La Fiscalía, por su parte, solicitó que se delimitase la investigación al entender que el instructor estaba dirigiendo una “causa general” y en la que no aclaraba qué es lo que se investiga. Así, los magistrados sí tenían sobre la mesa el recurso del Ministerio Público, pero la deliberación y fallo se ha aplazado sin fecha definida.
La defensa pidió que se anulase la resolución del 1 de julio en la que el juez dijo que estaba investigando “todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España, que se contienen en la denuncia inicial” de Manos Limpias a excepción de los contratos que investiga la Fiscalía Europea.
