La amnistía se ha convertido ya en la ley contra la que más recursos de inconstitucionalidad se han presentado. Un total de 16: los presentados por el PP y las comunidades autónomas que gobierna, más el del Gobierno socialista de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, según ha informado el TC una vez cerrado el plazo para presentarlos.
El Partido Popular fue el primero en registrar recurso, el pasado 5 de septiembre. El asunto ha recaído en el magistrado conservador José María Macías, recién llegado al TC, una designación que ha generado polémica por sus declaraciones contra la ley de amnistía cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pese a ello, las fuentes consultadas por Europa Press apuntan que no planea abstenerse.
En los días siguientes, las comunidades autónomas gobernadas por el PP fueron presentando sus recursos de inconstitucionalidad. Constan los de Madrid, Galicia, Andalucía, Valencia, Extremadura, La Rioja, Islas Baleares y Castilla y León. Aragón, Murcia y Cantabria, por su parte, han duplicado, con impugnaciones tanto de sus gobiernos como de sus asambleas legislativas.
A todos ellos se suma el formalizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, la única comunidad autónoma no ‘popular’ en recurrir la amnistía. El Consejo Consultivo regional concluyó que era una ley inconstitucional porque «rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos».
El reparto de las ponencias ha alcanzado a todos los magistrados, salvo a Cándido Conde-Pumpido, porque al presidente del TC nunca se le adjudican recursos de inconstitucionalidad ni cuestiones de inconstitucionalidad.
No obstante, cabe esperar que el ex ministro Juan Carlos Campo se abstenga en el recurso presentado por el Parlamento de Cantabria, ya que cuando formaba parte del Gobierno de Pedro Sánchez dijo que la amnistía era «claramente inconstitucional» en el informe de los indultos a los condenados por el ‘procés’.
Por esa razón, Campo se abstuvo de participar en la deliberación sobre la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo (TS), así como del recurso de amparo registrado por un particular el pasado noviembre. El Pleno del TC ha aceptado esta misma semana que se aparte de la consulta del TS y se espera que ocurra lo mismo respecto al ex ministro de Justicia en los demás asuntos relacionados con la amnistía.
En total se trata de 16 recursos de inconstitucionalidad, lo que convierte a la amnistía en la ley más impugnada por esta vía en la historia de la corte de garantías, de acuerdo con las fuentes consultadas en la sede de Domenico Scarlatti.
PLAZO ABIERTO
Sin embargo, las tachas a la ley de amnistía no quedan ahí. El pasado miércoles venció el plazo para presentar los recursos de inconstitucionalidad pero aún pueden plantearse cuestiones de inconstitucionalidad –que competen a los jueces y tribunales que deben aplicar la ley– y los recursos de amparo que puedan presentar los particulares.
De momento, el TC tiene encima de la mesa cuatro cuestiones de inconstitucionalidad: una de la Sala de lo Penal del TS y tres del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), una de las cuales también se ha encargado a Campo. Con todo, ya son 20 las impugnaciones contra la ley de amnistía.
La presentada por el Supremo es el primer asunto referido a la amnistía al que se ha dado entrada al TC. El pasado miércoles, el Pleno acordó por unanimidad admitirla a trámite, en base a una ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez que así lo recomendaba.
Fue el pasado julio cuando el TS acudió al TC al considerar que el artículo 1 de la ley vulnera el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional. Y lo hizo en un caso de dos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en Girona, tras la sentencia que condenó al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes del ‘procés’, por lo que este procedimiento ha quedado en suspenso.
UN FALLO CLAVE
De acuerdo con fuentes de la corte de garantías, la respuesta del TC al TS tardará en llegar entre seis meses y un año y, aunque no se podrá extender automáticamente al resto de cuestiones de inconstitucionalidad y recursos que puedan llegar, porque el contenido impugnado y los argumentos expuestos pueden variar, lo cierto es que marcará el camino.
Una vez se resuelvan las dudas manifestadas por el Supremo, será el turno de los 16 recursos de inconstitucionalidad y, tras ellos, el Constitucional se detendrá en los recursos de amparo.
Así las cosas, las impugnaciones que puedan presentar los líderes del ‘procés’ condenados y procesados, como Junqueras y el ex presidente catalán Carles Puigdemont, respectivamente, tendrán que esperar.
Todavía no han podido presentarlos porque sus respectivos casos tienen que agotar antes el recorrido judicial en el Supremo, donde hay recursos pendientes.
En lo tocante a Junqueras y los demás condenados, la Sala de lo Penal tiene en sus manos los recursos de súplica. Y, una vez ventilados, aún deberían presentar incidentes de nulidad antes de llamar a las puertas del TC.
Respecto a los procesados, el magistrado instructor Pablo Llarena rechazó esta misma semana los recursos de reforma, si bien se han elevado a la Sala de Apelaciones, a lo que habría que añadir los eventuales incidentes de nulidad.
