El juzgado prorroga un año y medio la fase de liquidación del concurso de Aifos

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga ha acordado una prórroga de un año y medio para la finalización de la fase de liquidación del concurso de acreedores de la promotora Aifos, que fue declarada en concurso hace ahora casi 15 años, en concreto el 22 de julio de 2009, momento desde el que se tramita este procedimiento.

Según una providencia del juzgado, esta prórroga se justifica «dada la complejidad del concurso», que contaba al inicio con alrededor de 2.000 acreedores y una situación de «insolvencia inminente», con un pasivo de 1.029,41 millones de euros en ese momento, más de 6.000 créditos reconocidos y un déficit de 120 millones de euros.

El concurso afectó a muchos proveedores y a bancos que habían otorgado créditos a la promotora, pero «los principales afectados fueron las 5.000 familias que anticiparon sus ahorros para que se les construyera una vivienda», según el despacho de Abogados Ley 57, que ha representado a muchas de esas familias tanto en este proceso como en la reclamación de las cantidades entregadas.

En octubre de 2014, Aifos entró en fase de liquidación y en febrero de 2015, los administradores concursales de la promotora presentaron su plan para liquidar la empresa ante el Juzgado de lo Mercantil número 1, momento en el que se abrió el plazo para que las partes presentaran alegaciones y observaciones al documento.

Es esta fase de liquidación, en la que se deben vender los activos para hacer frente a las deudas contraídas con los acreedores, la que ahora se ha prorrogado al menos 18 meses más, según consta en la resolución emitida por el juzgado.

Por otro lado, el juzgado comenzó en junio de 2022 el juicio para determinar si existió culpabilidad o no en los que fueron responsables de la promotora Aifos, como son el que era el dueño, Jesús Ruiz Casado, su mujer, y otras dos personas, en cuanto a la situación económica de quiebra de la empresa. Esta causa está pendiente de sentencia.

En este procedimiento, la administración concursal, la Fiscalía y varios de los acreedores solicitaron que el concurso fuera declarado culpable por distintos motivos y apuntaron a quienes fueron administradores de la empresa, a otras personas y a empresas de su entorno, entendiendo que hubo acciones y decisiones que habrían agravado la situación de la empresa.

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