Diversos sindicatos policiales han manifestado su rechazo a cualquier modificación de la Ley Mordaza después del acuerdo entre los socios gubernamentales de PSOE y Sumar, a la vez que han exigido conocer los detalles de este pacto y el alcance que puede tener una posible derogación de esta norma.
Así han reaccionado asociaciones como Jupol, la Confederación Española de Policía (CEP) o la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) después de que la vicepresidenta segunda y representante de Sumar en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, anunciase un acuerdo para derogar la Ley Mordaza entre su formación y el PSOE.
Sin embargo, la parte socialista del Gobierno ha aclarado que ha llegado a un acuerdo con Sumar para «revisar» el Código Penal en los relativo a los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado o las ofensas contra sentimientos religiosos.
En cualquier caso, diferentes asociaciones policiales han manifestado su rechazo a cualquier modificación de la Ley Mordaza, exigiendo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que salga al paso de estos anuncios de los partidos que conforman el Gobierno de Pedro Sánchez.
Desde Jupol han expresado su sorpresa porque Sumar haya anunciado que se retoma la reforma de la Ley Mordaza. «Una reforma que ahora pretenden volver a colocar en la palestra, manteniendo hasta el momento ocultos los acuerdos alcanzados y el alcance que puede tener la derogación de la citada Ley», denuncian.
Su portavoz, Ibón Domínguez, ha mostrado en declaraciones a Europa Press su malestar por reavivar «una reforma que se está llevando a cabo sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los Juristas».
Domínguez ha aseverado que con esta reforma «los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades».
Operatividad policial
En el caso de la Confederación Española de Policías (CEP) han denunciado que «cualquier intento de recortar esta Ley constituye el mayor ataque contra la operatividad policial que se haya producido en democracia».
«Que en el momento en el que más agresiones están sufriendo los policías se pretenda recortar esta norma, resulta ofensivo e injusto y supone un desprecio inédito hacia el trabajo de los profesionales de la seguridad pública», añaden.
Del mismo modo, alertan que «debilitar la respuesta policial frente al incivismo supone abrir la puerta a más conflictos, más inseguridad y más violencia en la calle». «Esta norma tiene por objetivo garantizar la convivencia de todos en una democracia y no generar impunidad para actitudes o comportamientos que alteren la convivencia pacífica», apostillan.
