El magistrado Francisco José Goyena ha elevado al Tribunal Supremo la causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario en relación a la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Quiere que el Supremo decida si investiga por estos hechos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La pareja de Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el caso del presunto fraude fiscal en el que se le investiga.
Así consta en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el instructor eleva exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que se tome en consideración, si así lo estima procedente, declararse competente para la continuación de las presentes diligencias.
«Nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz», señala el auto.
En otra resolución, el magistrado acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto del querellado Julián Salto al entender que las diligencias de investigación practicadas «ponen de relieve, sin mayor duda, que su actuación en relación a la elaboración de la Nota Informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue meramente instrumental».
La inhibición se produce después de que el instructor diera traslado a las partes de un escrito en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumía la responsabilidad en la difusión de la nota sobre los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal querellado Julián Salto y la defensa de Alberto González.
Primero lo hizo verbalmente en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril y posteriormente lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el pasado día 10, en el que además solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo.
En la resolución, el magistrado del TSJM recalca que la difusión de la nota «no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal» como era desmentir un bulo, pues «aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la Prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros».
Considera que ello perjudica «a un tercero e incluso a un interés colectivo, si se atiende al derecho de defensa, no sólo del particular, sino también en general y a lo que tendería la finalidad de la querella presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid».
Así, alude a la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien indicó que «la alegada justificación que se esgrime para la difusión de la nota, podría haber tenido otro formato y contenido, que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse».
Hace referencia igualmente al escrito extraprocesal en el que el fiscal general asumía su responsabilidad en la difusión de la nota, por lo que al ser aforado éste dicha declaración no puede ser asumida por este instructor.
Por ello, sí así lo estima procedente, «deberá ser dicho Alto Tribunal quien continúe las actuaciones instructoras, salvo mejor criterio de la Sala.
Hace unas semanas, la Fiscalía solicitó al magistrado el archivo de la causa ante «la inexistencia de motivos suficientes de criminalidad respecto de los querellados». En el escrito, el fiscal hizo alusión a «noticias alejadas totalmente de la realidad» que se publicaron en relación a un supuesto ofrecimiento de un pacto por parte de la Fiscalía a Alberto González, con las que se daba «traslado de una imagen muy negativa del Ministerio Fiscal».
Subrayó que ante ello surge «como consecuencia directa la necesidad de desmentirlas mediante información legítima, auténtica y veraz, y fruto de esa conveniencia se decide la redacción y distribución de una nota de prensa el día 14 de marzo».
Causa al Supremo
Hace dos semanas, la defensa de González Amador solicitó elevar las actuaciones al Tribunal Supremo después de que se le diera traslado del documento en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumiera la responsabilidad en el caso de la difusión de una nota informativa en la que se daba cuenta del cruce de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso relativo a un supuesto fraude fiscal.
También el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerce la acusación particular, remitió al instructor un escrito en el que solicitaba igualmente la elevación de la causa al Tribunal Supremo.
Esta petición por parte del ICAM se produjo tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del TSJM, incluyendo la declaración de los dos fiscales investigados, y ante los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado el Colegio en un comunicado.
