Los magistrados que juzgaron el ‘procés’ en el Tribunal Supremo (TS) han rechazado amnistiar la malversación al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O al considerar que sí obtuvieron un beneficio personal y que afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. El juez instructor, Pablo Llarena, también ha rechazado perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y ha acordado mantener su orden nacional de detención.
Así las cosas, la decisión de la Sala de lo Penal y del instructor de no amnistiar la malversación afecta directamente además de a Puigdemont, a Junqueras y los exconsejeros condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a quienes mantiene las condenas de inhabilitación; y a los exconsejeros huidos y procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, a quienes mantiene las órdenes nacionales de detención que pesan en su contra.
Esta medida no afecta a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que solo está procesada por el delito de desobediencia. En su caso, el juez Llarena ha acordado levantar su orden nacional de detención al ver amnistiable su conducta, pero ha dado 10 días a las partes para que presenten sus alegaciones sobre si ven pertinente plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la previsión de la ley de amnistía de exonerar el delito de desobediencia atribuido a los encausados del ‘procés’.
Con todo, el Supremo ha descartado acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al entender que la propia ley de amnistía fija que se debe “excluir de todo perdón los delitos que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión y que gozan de la reforzada protección dispensada a este bien jurídico”.
