La Junta de Fiscales ha avalado por dos votos el criterio del fiscal general, Álvaro García Ortiz, de pedir al Tribunal Supremo (TS) que aplique la ley de amnistía a la malversación, la desobediencia y los desórdenes públicos que se atribuyen a los encausados del ‘procés’, incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Según ha informado la Fiscalía, tras más de cinco horas de debate la Junta de Fiscales se ha pronunciado con 19 votos a favor –incluido el del propio fiscal general–, 17 en contra y una abstención. Dos fiscales no han participado en la votación porque se encuentran de baja por enfermedad.
En total, han asistido 37 fiscales. Han acudido presencialmente al encuentro 34 de ellos, dado que dos fiscales –Beatriz Sánchez y Teresa Gisbert– han comparecido por vía telemática. Según las fuentes consultadas, 13 fiscales han adoptado por no hacer uso de su turno de palabra.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han confirmado que García Ortiz ha conseguido el apoyo –entre otros– de su antecesora, Dolores Delgado; el del fiscal ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo; y el del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Han votado en contra de su postura, entre otros, la que fuera fiscal general durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, María José Segarra; y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Delgado ha participado pese a que el Supremo anuló su nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática porque el Gobierno aún no ha ejecutado la sentencia. Por su parte, Isabel Rodríguez Mateo, nueva fiscal de Sala de la Fiscalía Togada en sustitución de Delgado después de que el TS anulara este otro nombramiento de Delgado, no ha podido participar porque aún no ha tomado posesión de su cargo.
Nuevos fiscales del «procés»
Tras conseguir el aval de la cúpula fiscal, García Ortiz ha encargado a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal de Sala jefe de lo Penal de la Fiscalía del TS, Joaquín Sánchez-Covisa, que asuman la causa del ‘procés’ y presenten el informe de la Fiscalía ante el Supremo.
La Junta de Fiscales se ha decantado por el criterio de García Ortiz frente a la de los fiscales hasta ahora encargados de la causa del ‘procés’ en el Supremo, que defendían que no era viable amnistiar la malversación de los encausados por el proceso independentista catalán al entender que tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que a su juicio dejaba este delito fuera de la amnistía.
La mayoría ha coincidido con el fiscal general en que, tras la entrada en vigor de la ley, «procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados», lo que incluye la orden nacional de detención activa contra Puigdemont.
Así las cosas, la Fiscalía enviará mañana su respuesta al juez instructor Pablo Llarena y al tribunal del Supremo que juzgó el ‘procés’, toda vez que culmina el plazo de cinco días que ambos dieron a las partes para pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han precisado que este martes no se han abordado los debates relativos a otras causas amnistiables, como la de terrorismo que se investiga por ‘Tsunami Democràtic’ o la del presunto desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del Govern pendiente de sentencia en el Tribunal de Cuentas después de que la consejera delegada preguntase a las partes si debe presentar o no una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Cinco horas de debate
La cúpula del Ministerio Público ha estudiado la postura de García Ortiz y la de los hasta ahora fiscales del ‘procés’ después de que estos cuatro avisaran en su informe de que si el jefe de la Fiscalía estaba a favor de aplicar la amnistía debía plasmarlo por escrito y convocar a la cúpula fiscal para debatirlo.
El fiscal general así lo hizo. Emitió un informe en el que defendió que los argumentos ofrecidos por los cuatro fiscales eran «insuficientes para poner en duda la posibilidad de entender amnistiados los delitos de malversación».
Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena invocaron el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedir que el asunto se abordara en la Junta de Fiscales que finalmente se ha convocado para este martes.
La discrepancia partía de que los cuatro fiscales consideraban «improcedente» amnistiar la malversación del ‘procés’ que se le atribuye a Puigdemont, a los exconsejeros procesados en rebeldía, al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los exconsejeros condenados.
Los cuatro defendieron en su informe que todos tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que –según la propia ley– excluye dichas conductas de ser amnistiadas.
A su juicio, era «indudable» que Puigdemont y el resto de encausados «sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España». No obstante, sí veían viable perdonar la desobediencia y los desórdenes públicos.
García Ortiz insistía en que la malversación del ‘procés’ se puede amnistiar porque el perjuicio patrimonial para la Administración que causaron los encausados no es equiparable al «enriquecimiento personal de carácter patrimonial». Insistía, además, en que la actuación que se les atribuye no produjo una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea. Este criterio ha sido avalado por mayoría.
