El Tribunal Constitucional (TC) estudiará a partir de este lunes si anula la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el denominado ‘caso ERE’.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que los magistrados debatirán la ponencia de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, que propone estimar el recurso de Álvarez y anular su condena.
La postura de Montalbán coincide con el criterio de la Fiscalía, que a principios de año informó a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación «en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos» de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.
Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa.
Las fuentes consultadas precisan que la cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos –luego aprobada como ley– podía haber sido o no juzgada por un juez penal y calificado como acto administrativo injusto.
Dichas fuentes insisten en que este será uno de los puntos del debate porque se estudia si el juez en cuestión tenía que haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC si albergaba dudas sobre la legalidad de ley en lugar de declarar ilegal la norma.
El Constitucional abordará el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional porque plantea «un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales», según una nota informativa del tribunal.
VOTOS DELEGADOS EN EL PARLAMENT
Además, está previsto que el Pleno estudie si admite a trámite el recurso que presentaron los diputados del PP del Parlament de Cataluña contra la decisión de la Mesa de Edad de permitir que se contabilizasen los votos delegados de los diputados electos Carles Puigdemont y Lluís Puig. El asunto fue añadido al orden del día del Pleno y el magistrado del ala conservadora Ricardo Enríquez será el encargado de redactar la ponencia.
El tribunal deliberará sobre la admisión a trámite después de que en su último Pleno anulara el voto telemático de Puig al estimar un recurso de amparo de los diputados de Socialistes i Units per Avançar en el Parlament de Cataluña en la anterior legislatura.
Los magistrados concluyeron que no podía ser tenida como «circunstancia constitucionalmente válida» para el voto telemático el hecho de que se encuentre «voluntariamente» fuera del país porque «ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española». Y recordaron, además, que sobre Puig «pesa una orden judicial de busca y captura».
El Constitucional, a su vez, apuntó que el acuerdo de la Mesa del Parlament en cuestión fue «instrumental con la finalidad exclusiva de intentar dar una apariencia de cobertura normativa a la habilitación del voto telemático al sr. Puig i Gordi para eludir pronunciamientos previos de este tribunal, pero sin una real vocación de generalidad».
